Después de ocho años de estar en manos de Consuelo Porras, el 17 de mayo se tiene prevé el relevo de fiscal general y jefe del MP.
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Mayo de 2026 está marcado por un acontecimiento que definirá el rumbo del sistema de justicia en el país durante los próximos cuatro años: el relevo en la jefatura del Ministerio Público (MP), programado para el día 17, tras una gestión controversial.
Este cambio es seguido de cerca por diversos sectores que consideran que el actuar del MP sigue siendo una de las tareas pendientes por resolver. Además, marcará el fin del segundo período de la actual fiscal general y jefa del MP, Consuelo Porras, cuya gestión ha generado polémica a nivel nacional e internacional.
Al menos, esta es la percepción que comparten algunos analistas que han seguido de cerca el proceso de nominación de candidatos a fiscal general y que confían en que prevalezca el criterio técnico al momento de tomar una decisión entre las seis propuestas que tiene en sus manos el presidente de la República.
En ese contexto, este día concluye el período de recepción de impugnaciones a la nómina presentada al mandatario. Aunque se trata de una fase administrativa de la Comisión de Postulación, el proceso aún no está cerrado, ya que debe definirse si existen objeciones.
Como elemento adicional, permanecen pendientes diversas acciones legales, entre ellas la presentada el pasado 25 de abril, que busca una nueva revisión y recalificación de expedientes, al plantear la reducción de puntos a fiscales y defensores públicos.
El argumento se sustenta en el mismo principio aplicado a jueces en una acción de amparo otorgada por la Corte de Constitucionalidad (CC), que anuló la primera nómina de candidatos que había sido puesta a consideración del mandatario.
Esta acción, aunque fue presentada el 24 de abril, un día después de la elección de la segunda nómina, aún se encuentra pendiente de resolución por parte de la alta corte.
Cautela y expectativa
Con este panorama, y tras la conclusión de las entrevistas realizadas por el presidente de la República, Bernardo Arévalo, el pasado jueves 30 de abril, el analista Alejandro Solórzano, integrante del equipo de monitoreo de Alianzas por la Reforma, explicó que el proceso aún se encuentra en la fase procedimental de impugnaciones.
No obstante, expuso que esta etapa deberá agotarse en los próximos días para dar paso al nombramiento y que las entrevistas constituyeron el único mecanismo implementado por el mandatario para conocer los perfiles de los aspirantes al cargo de fiscal general para el período 2026-2030.
Además, Solórzano advirtió que, si bien no es momento de generar alarma, es necesario mantener cautela y expectativa ante posibles resoluciones de la CC que podrían modificar la nómina, su integración e incluso la decisión final del presidente.
Agregó que el perfil esperado en el nuevo fiscal general es el de una figura no confrontativa, orientada a recuperar la institucionalidad y la confianza en el MP, que garantice investigaciones objetivas y descarte aquellas que no cumplan con ese estándar.
"Es un momento también para reflexionar cuál debe ser el papel del MP en una Guatemala democrática, velando por el Estado de Derecho y las garantías constitucionales en el proceso penal", señaló.
Hoy, martes 28 de abril, he iniciado las entrevistas con dos de los aspirantes a Fiscal General y jefe del Ministerio Público:
• Gabriel García Luna
• Beyla Estrada Barrientos
Este proceso avanza conforme a los tiempos establecidos, incluyendo el plazo legal para la… pic.twitter.com/UB35qKX8NO
"Las cartas ya están tiradas"
La directora ejecutiva del Movimiento Pro Justicia, Carmen Aída Ibarra, calificó de lamentable que el mandatario realizara entrevistas con los candidatos de forma reservada. Indicó que, aunque los aspirantes afirmaron haber presentado sus planes de trabajo, no se conoció si se les consultó sobre la integración de sus equipos.
No obstante, Ibarra señaló que la actuación del presidente no puede ser cuestionada, ya que se ajusta a lo que establece la ley, la cual le otorga la facultad de realizar la designación bajo su propio criterio, sin obligación de efectuar entrevistas.
En ese sentido, afirmó que "las cartas ya están tiradas", por lo que lo prudente es esperar a que concluya la fase de impugnaciones para conocer quién será designado como nuevo fiscal general.
"Si el presidente va a nombrar a ese abogado, lo va a nombrar. Formalmente, los candidatos cumplen con los requisitos; en esta etapa ya no hay espacio para cuestionamientos. La trayectoria es lo que podría orientar la decisión", indicó.
Finalmente, Ibarra sostuvo que quien asuma el cargo deberá enfrentar el reto de rescatar la institución, en un contexto marcado por el desmantelamiento de fiscalías, el deterioro de la carrera fiscal y la falta de especialización.
Los candidatos
Arévalo entrevistó la semana recién pasada a los candidatos a fiscal general. Según lo publicado en redes sociales, se les preguntó por su plan de trabajo, entre otros detalles. Estos son los nombres que analiza Arévalo:
Beyla Estrada Barrientos, 48 años
Abogada y notaria con doctorado en Ciencias Penales. A lo largo de su trayectoria ha ocupado cargos en el sistema de justicia, destacando su desempeño como magistrada de la Corte de Apelaciones, donde integró la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal.
Su experiencia también incluye funciones dentro del Ministerio Público, donde se desempeñó como asistente ejecutiva del fiscal general entre 1999 y 2003. Además, ha ejercido como asesora legal en diversas instituciones, lo que complementa su perfil técnico en materia penal.
Julio César Rivera Clavería, 75 años
Abogado y notario con una maestría en Seguridad Pública. Su nombre ha estado vinculado en reiteradas ocasiones a procesos de elección de fiscal general, a los que se ha postulado desde 2010, logrando en 2014 integrar la lista de finalistas.
En el ámbito político, en 2023 participó como candidato presidencial por el partido Mi Familia y ha tenido vínculos con otras organizaciones, como la Democracia Cristiana. En el sector público ha ocupado diversos cargos, entre ellos director del Sistema Penitenciario, viceministro de Gobernación y director de la Guardia de Hacienda.
También ha sido secretario de la Corte Suprema de Justicia, así como asesor en el Congreso de la República y en la Municipalidad de Guatemala.
César Augusto Ávila, 58 años
Abogado y notario con doctorado en Derecho Penal y Procesal Penal. Actualmente se desempeña como magistrado suplente de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Zacapa para el período 2024-2029.
En 2023 fue electo magistrado titular de esa misma sala para completar el período 2019-2024. Su trayectoria en el Organismo Judicial incluye haber sido magistrado titular de la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Chiquimula durante el período 2014-2019, cargo en el que continuó en funciones hasta 2023.
Gabriel Estuardo García Luna, 49 años
Abogado y notario con doctorado en Derecho y cuenta con una carrera desarrollada dentro del Organismo Judicial. Ingresó a la institución en 1997 y ha ocupado distintos cargos, desde oficial y secretario, hasta juez de paz, juez de primera instancia y magistrado de sala en el área penal.
Fue magistrado vocal de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Cobán, Alta Verapaz. En la actualidad integra la Junta de Disciplina Judicial y en 2022 formó parte de la nómina de aspirantes a fiscal general. Se desempeña como asesor del despacho superior en la Procuraduría General de la Nación.
Néctor Guilebaldo de León Ramírez, 76 años
Abogado y notario con maestría en Derecho Procesal Penal. Cuenta con una amplia trayectoria en el sistema judicial, donde se desempeñó como magistrado presidente de la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente desde 2014, en funciones extendidas hasta 2023.
Asimismo, integró el pleno de la Corte Suprema de Justicia como magistrado suplente a partir de 2016. En 2022 formó parte de la nómina de candidatos a fiscal general.
Carlos Alberto García Alvarado, 51 años
Carlos Alberto García Alvarado es abogado y notario con doctorado en Derecho Constitucional y forma parte de la carrera fiscal dentro del Ministerio Público.
Actualmente se desempeña como fiscal de distrito en Petén, cargo que ocupa desde 2021. Previamente fue fiscal distrital en Izabal y desarrolló parte de su trayectoria en la Fiscalía contra el Crimen Organizado.
