El proyecto también se plantea como una medida para aliviar la congestión vehicular, al reducir la movilidad diaria de miles de trabajadores y contribuir a una mejor calidad de vida.
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Una iniciativa de ley de teletrabajo presentada en el Congreso de la República busca establecer un marco legal claro y específico para regular el trabajo remoto en Guatemala, ante la ausencia de disposiciones detalladas en la Constitución Política y el Código de Trabajo. La propuesta fue planteada el año pasado y ahora el ponente urge que se emita dictamen favorable a la misma.
Los proponentes señalan que, aunque estas normas reconocen principios generales sobre derechos laborales, no contemplan las particularidades del teletrabajo, lo que ha derivado en interpretaciones ambiguas y en la aplicación inadecuada de normas pensadas para el trabajo presencial.
El proyecto parte del reconocimiento de que el teletrabajo se ha consolidado como una modalidad ampliamente utilizada a nivel global, impulsada por los avances tecnológicos y acelerada en los últimos años.
Entre sus principales beneficios se menciona la mayor flexibilidad laboral, la reducción de costos operativos para las empresas y mejoras en la calidad de vida de los trabajadores.
"El teletrabajo no solo moderniza las relaciones laborales, también mejora la calidad de vida de los trabajadores y reduce costos para las empresas." indicó el diputado José Pablo Mendoza, ponente de esta iniciativa.
En ese contexto, la iniciativa 6556 plantea que una regulación específica permitiría promover un entorno laboral moderno, alineado con las dinámicas actuales del mercado de trabajo y con las mejores prácticas internacionales.
"Guatemala necesita un marco legal claro que proteja los derechos laborales en el trabajo remoto y brinde certeza jurídica a los empleadores." agregó.
Teletrabajo
Esta propuesta legislativa tiene como objetivo garantizar los derechos y obligaciones tanto de trabajadores como de empleadores, así como fomentar condiciones equitativas en el entorno laboral remoto. La ley sería aplicable únicamente al sector privado y excluiría a todas las instituciones públicas del Estado, independientemente de su naturaleza jurídica.
Entre sus principios rectores se incluyen la igualdad y no discriminación, la voluntariedad del teletrabajo, la equidad en derechos laborales, la protección de datos y la privacidad, la comunicación efectiva, la capacitación, la promoción de la salud mental y el cumplimiento de condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo.
Se define el teletrabajo como la prestación de servicios de forma remota, total o parcial, mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, y detalla diversas modalidades, como el teletrabajo autónomo, móvil, parcial, ocasional, híbrido, por resultados, sincronizado, asincrónico, transnacional, corporativo o satelital y el denominado nómada digital.
Estas modalidades podrían aplicarse de forma individual o combinada, según lo acordado entre las partes, y deberían quedar debidamente establecidas en los contratos o acuerdos laborales.
Regulación
Asimismo, la iniciativa establece que los teletrabajadores gozarán de los mismos derechos que los trabajadores presenciales, incluyendo una remuneración justa y oportuna, acceso a la seguridad social, protección de datos personales, condiciones adecuadas de salud y seguridad laboral y el derecho a la desconexión digital fuera de la jornada de trabajo.
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social sería la entidad encargada de la regulación, supervisión y promoción del teletrabajo, además de emitir el reglamento correspondiente en un plazo máximo de 60 días tras la eventual aprobación de la ley.
La propuesta también identifica grupos poblacionales prioritarios para el acceso al teletrabajo, siempre que la naturaleza de sus funciones lo permita, entre ellos mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personas con discapacidad, cuidadores de personas con discapacidad severa, personas con enfermedades terminales y adultos mayores.
De acuerdo con el proyecto, esta medida contribuiría a la inclusión laboral y a la formalización del empleo, especialmente en zonas rurales o para personas con dificultades de movilidad.
Crisis de Movilidad
El diputado José Pablo Mendoza, ponente de la iniciativa, vinculó directamente el proyecto con la crisis de movilidad en el país y advirtió que, según datos citados por EMETRA, Guatemala podría alcanzar hasta un 80 % de carga vehicular en horas pico.
Mendoza enfatizó que debido a la problemática vial, esta iniciativa debería aprobarse de urgencia nacional; "Por el impacto directo que tendría en la movilidad, el empleo y la salud mental de la población, pedimos que esta ley sea conocida como urgencia nacional."
En ese sentido, afirmó que "esta iniciativa de Ley de Teletrabajo es un paliativo ante el caos diario del tránsito" y subrayó que más de 500 mil puestos de trabajo podrían realizarse bajo esta modalidad, lo que ayudaría a reducir la congestión vehicular.
"Más de 500 mil puestos de trabajo podrían realizarse bajo la modalidad de teletrabajo; imagínense 500 mil personas menos en las calles todos los días." expresó.
La iniciativa fue conocida por el pleno del Congreso el 17 de junio de 2025 y actualmente se encuentra pendiente de dictamen favorable por parte de la Comisión de Trabajo, paso necesario para que el proyecto pueda avanzar en el proceso legislativo.
"Solicitamos a la Comisión de Trabajo que emita el dictamen correspondiente para que esta iniciativa pueda ser conocida por el pleno." puntualizó Mendoza.
Mira aquí el video:
#EnVivo Solicitud de agilización de dictamen favorable a #Iniciativa6556, ley de teletrabajo. 27/01/2026 https://t.co/iiXSVDLJ7q
