La crisis política destapada a partir de la defraudación en el #CasoSAT no puede quedar en la efervescencia del momento o en la indignación clandestina. La magnitud de articulación institucional desde el poder público para el saqueo da asco, y tiene que llevarnos acciones concretas.
En un país en donde algo más del 54% de la población vive en pobreza, esta crisis no sólo es un robo de lo inmediato sino un saqueo de la esperanza. ¿Cuánto más deberán esperar las familias que viven en crisis alimentaria y que supuestamente eran prioridad en este gobierno? ¿Cuántas generaciones más de niños y niñas guatemaltecas deberán ver sustraída su infancia por la incapacidad de un Estado que no les puede cumplir? ¿Cuántos más estarán obligados a vivir el suplicio de la migración por causas estructurales que perpetúan la exclusión? ¿Cuántos innovadores y emprendedores tendrán que ver sus grandes ideas postergadas frente a un Estado que bloquea las condiciones necesarias para su éxito? Y mientras todo esto ocurre, funcionarios del más alto nivel saquean nuestro dinero, nuestro honor y nuestra esperanza. ¡Ya basta!
Es un hecho que se debe trabajar en reformas, en limpiar instituciones y perseguir a otros implicados. Pero tenemos que saber una cosa: Primero lo primero.
Lo primero es que la Vicepresidenta de la República le debe al pueblo de Guatemala su renuncia. Y no se la debe porque las investigaciones de MP y CICIG a la fecha hayan demostrado su participación en el desfalco, nos la debe porque:
1) Su secretario privado no tenía, a título personal, el poder de articular una red a esa magnitud, lo hizo gracias a las cuotas de poder que la función que ella le otorgó le facilitaron. Ella es responsable de las personas que pone a su cargo.
2) Si no tuvo la capacidad ni el cuidado de seleccionar adecuadamente a su Secretario Privado demuestra incompetencia para continuar en la función que ejerce.
3) Si no tuvo el criterio ni el cuidado de seleccionar personas idóneas en el rol que supone su mano derecha, ¿cómo puede tener el criterio o la capacidad de seguir coordinando el trabajo de los ministros de Estado entre otras funciones que la ley le otorga?
4) Si uno de sus principales retos asumidos durante el gobierno fue la garantía de transparencia y es su Secretario Privado el supuesto responsable del mayor caso de saqueo de nuestra historia, la palabra incompetencia se queda corta.
5) Y a esto se suma el encubrimiento propio (expresado de manera confesa por ella en la conferencia de prensa del domingo 19 de abril) que significó el supuestamente desligar, de la forma en que dice que lo hizo, a su Secretario Privado en el momento que lo hizo.
No permitamos que se minimice o relativice su responsabilidad en el asunto. No se trata de si es parte de la red o no. La responsabilidad de la Vicepresidenta de la República en la selección de su personal es incuestionable. Como ella misma lo manifestó en el caso del ex Presidente del Congreso Eduardo Meyer en 2008: “Meyer es el responsable por ese desvío, aunque diga que él no trasladó los recursos, sí contrató a quienes lo hicieron.” (Según edición del Diario La Hora del 20 de abril de 2015).
La Vicepresidenta es responsable por el actuar de su secretario privado en la defraudación aunque digan que ella no participó, ella sí contrató a quien lideró la red que lo hizo.
Los guatemaltecos no podemos renunciar a nuestra esperanza por un mejor país, es la Vicepresidenta la que nos debe a los guatemaltecos su renuncia.
Por Goyo Saavedra, Gerente General, TECHO Guatemala
