En busca de frenar el incremento de Q1.50 a Q5 al impuesto por el traslado de cada saco de cemento, aprobado en los artíulos 76, 77 y 78 de la Ley de Presupuesto para este año, la compañía Cementos Progreso accionó este martes ante la Corte de Constitucionalidad.
La empresa presentó una acción de inconstitucionalidad contra el Impuesto a la Distribución de Cemento, bajo el argumento de que la aprobación del documento por parte del Congreso de la República incumple la Carta Magna y la Ley Orgánica del Presupuesto.
El gerente general de la compañía, José Raúl González, aseguró que aunque la empresa siempre se ha caracterizado por cumplir con las obligaciones legales y el pago de impuestos, cree que gravar el cemento se opone al desarrollo de la infraestructura nacional.
