Los diputados avalaron en tercer debate una iniciativa que permitiría a las municipalidades suscribir contratos mediante alianzas público-privadas.
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El Congreso buscaría concretar este año la reforma de la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, según mencionaron diputados de distintas bancadas, tras el avance en tercer debate de la iniciativa 6433.
Esta plantea cambiar el mecanismo que rige las alianzas público-privadas para la ejecución de diversos proyectos en el país, y, con su trámite en la sesión plenaria de este martes 2 de septiembre, queda a un solo paso de cobrar vida legal.
Diputados como Elmer Palencia y Faver Salazar, del bloque Valor, destacaron la importancia de este proyecto y pidieron a los jefes de bloque y líderes de facciones apoyar el proceso necesario para aprobar el decreto correspondiente.
La intención, según dijeron, es agilizar el desarrollo de obras que requieran participación y financiamiento de entidades estatales y privadas, como la construcción de carreteras, puentes, hospitales y plantas de tratamiento, por mencionar algunas.
Además, se busca facultar a las municipalidades para que puedan suscribir contratos para diversos proyectos mediante las citadas alianzas, lo cual no se contempla en la ley que está vigente.
Los puntos claves
A inicios de este año, después de que la propuesta obtuvo el dictamen favorable, miembros de la Comisión de Economía del Congreso emprendieron un plan de socialización con alcaldes y otros actores que estarían involucrados en la nueva ley.
Ahí se refirieron a los aspectos principales que contendría la norma. Algunos son:
1. Sin intervención del Congreso
Uno de los temas más destacados es que, de aprobarse la normativa, ya no se necesitaría el aval de los diputados para gran cantidad de proyectos.
En el dictamen se especifica que lo único que tendría que someterse a votación en el Congreso serían las concesiones de servicios públicos, como agua, salud y educación.
Además, el trámite se simplificaría, ya que no se necesitarían un dictamen previo de comisión ni tres debates, como ocurre actualmente, sino que se procedería mediante un acuerdo.
2. Menos burocracia
De acuerdo con los impulsores de la iniciativa, el propósito es agilizar los procesos y reducir la burocracia, para que las municipales, por ejemplo puedan suscribir los contratos que necesiten en sus respectivos territorios y así atender las demandas de la población.
En ese marco, también se tomó en cuenta a las mancomunidades y se establecieron procedimientos específicos, según sea el caso.
Si esto se aprobara, el Legislativo solo podría tomar decisiones respecto de convenios que atañan a dependencias del Ejecutivo, pues las comunas actuarían en el marco de la independencia que les brinda la Constitución.
3. Sin privatización
Un tema en el que han hecho hincapié los diputados que impulsan la propuesta es que la facilitación de las alianzas público-privadas no tiene como fin privatizar los servicios que se brinda a la población, sino "llevar desarrollo, mediante un mecanismo que permite a los gobiernos locales y central contar con más apoyo para ejecutar las obras".
La Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE), la cual se rige por la ley que se pretende modificar, también se ha referido a favor la iniciativa que avanza en el Congreso y ha resaltado sus bondades en aspectos como la reducción del tiempo en los proyectos, así como su vida útil.
Con mecanismos tradicionales, los contratos son de entre 1 y 3 años, con el gasto corriendo por cuenta del Estado, el cual debe hacerse cargo después del mantenimiento.
Entretanto, con una alianza público-privada, la empresa contratada tendría a su cargo las construcciones hasta por 30 años, con todo lo que ello represente, según se explicó.
4. Más recursos
Si los cambios se aprobaran este año, la ANADIE cambiaría su nombre y se pasaría a llamar Agencia Nacional de Infraestructura (ANI); además, sumaría recursos a su presupuesto.
En el dictamen de la Comisión de Economía se establece un aporte adicional de Q2,550 millones para este ejercicio fiscal, distribuidos de la siguiente manera:
- Q50 millones para la operación del Fondo de Capital Privativo de la Agencia
- Q100 millones para la preinversión de proyectos e iniciativas
- Q400 millones para contingencias de los proyectos
- Q2,000 millones para garantía de proyectos
