Diversos sectores han externado su rechazo al presupuesto que aprobaron 115 diputados el pasado 30 de noviembre.
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La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham) se refirió a las preocupaciones que ha generado la calidad técnica del Presupuesto General de la Nación aprobado por el Congreso para el próximo año.
El ente empresarial abordó temas puntuales que, a su consideración, afectarían el cumplimiento de obligaciones financieras del Estado.
El primero de ellos es la emisión, colocación y negociación de bonos del Tesoro, vinculados a los vencimientos que se produzcan durante el ejercicio fiscal y que requerirían un nuevo aval del Legislativo.
AmCham también hizo ver que los parlamentarios no atendieron ni corrigieron la asignación destinada a cubrir el costo de la política monetaria por el Banco de Guatemala, el cual se había propuesto con bonos del Tesoro, lo cual dejaría en riesgo el pago de forma oportuna.
"La eventual falta de consenso entre el Ejecutivo y el Congreso pone en peligro el cumplimiento de las obligaciones financieras y, en consecuencia, la calificación de riesgo país que Guatemala ha cuidado por décadas", se lee en un comunicado difundido por esa cámara en las redes sociales.
Asimismo, resalta el peligro para la estabilidad fiscal del país, "ya que el plan de gasto aprobado mantendría un déficit fiscal cercano al dos por ciento".
Dudas sobre asignaciones
Por otra parte, la entidad menciona la aseguración de financiamiento para obras específicas, en referencia a más de 400 proyectos de infraestructura, para los cuales se designó un monto superior a los Q2,500 millones, elevando el techo de gastos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), sin posibilidad de disminuirlo.
De acuerdo con AmCham, esto suscita interrogantes, sobre todo porque "limita la capacidad del Ministerio de Finanzas Públicas para llevar a cabo reajustes presupuestarios en función de subejecuciones o economías presupuestarias".
Adicionalmente, cuestiona la falta de transparencia en el otorgamiento de recursos a más de un centenar de oenegés (al menos 45 creadas recientemente), "así como otras asignaciones que no tienen precedente en presupuestos anteriores".
Ante esta situación, la Cámara se ha sumado a los sectores que piden el veto presidencial.
