Gobierno señala que la normativa podría generar ambigüedad para determinar quiénes comenten un delito.
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El presidente Bernardo Arévalo vetó el Decreto 10-2026, con el que el Congreso de la República aprobó reformas al Código Penal y a la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, al considerar que contiene disposiciones contrarias a la Constitución Política de la República.
Dicha ley fue impulsada principalmente por el diputado oficialista Raúl Barrera y tuvo el apoyo de los legisladores oficialistas mientras se discutió y aprobó en el pleno del Congreso el pasado 14 de abril.
La decisión del mandatario quedó oficializada mediante el Acuerdo Gubernativo 68-2026, publicado este miércoles 6 de mayo en el Diario de Centro América.
En el documento, el gobernante ordenó devolver el decreto al Legislativo con las observaciones correspondientes, argumentando inconstitucionalidad.
El presidente Bernardo Arévalo, en uso de su facultad constitucional, vetó el Decreto 10-2026 reformas al Código Penal y a la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. pic.twitter.com/KNwV3mQqnl
Según el acuerdo, el Ejecutivo sostiene que las reformas aprobadas el pasado 14 de abril generan contradicciones con principios constitucionales relacionados con la protección integral de la niñez y adolescencia, la seguridad jurídica y el principio de legalidad en materia penal.
El Gobierno cuestionó específicamente la incorporación de un apartado dentro de los delitos de violación y agresión sexual que establece que "cuando en los supuestos descritos [...] el sujeto activo sea adolescente y el sujeto pasivo no sea menor de catorce años, y no medie violencia física, psicológica o prevalimiento, se podrán imponer las sanciones".
En sus observaciones, el Ejecutivo argumentó que esa redacción elimina elementos objetivos del tipo penal, lo que, según expone, podría generar ambigüedad para determinar quién es el autor del delito y quién la presunta víctima en relaciones entre adolescentes.
También advirtió que se dejaría un amplio margen de discrecionalidad a jueces especializados.
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El acuerdo señala además que la reforma vulneraría principios constitucionales de legalidad y lesividad, al permitir sancionar conductas que podrían no causar daño a bienes jurídicos tutelados.
Asimismo, el Gobierno consideró que la normativa podría criminalizar relaciones sexuales consensuadas entre adolescentes de edades similares.
El Ejecutivo también citó estándares internacionales y observaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
En estos se recomienda a los Estados evitar "medidas regresivas que criminalicen actos sexuales consensuados entre adolescentes cuando esos actos no son considerados delitos si son cometidos por adultos".
En el documento, el Gobierno sostuvo que el Estado debe abordar el desarrollo de la sexualidad en la adolescencia desde un enfoque integral de salud, educación y prevención, y no mediante mecanismos punitivos que puedan afectar el desarrollo evolutivo de los menores de edad.
Con base en esos argumentos, el presidente Arévalo resolvió vetar el Decreto 10-2026 y devolverlo al Congreso para su revisión.
El acuerdo fue firmado por el mandatario, la vicepresidenta Karin Herrera y los ministros que integran el Consejo de Ministros.
