Entidades sociales, académicas y empresariales han advertido irregularidades en la ley que permitiría a los Codede trasladar para 2026 los fondos que dejen sin ejucutar este año.
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Mientras crecen los pedidos para que el presidente Bernardo Arévalo vete el Decreto 7-2025, a lo interno del Congreso también se discute sobre los efectos que tendría esa normativa, que favorece a los consejos departamentales de desarrollo (Codede).
Igual que lo han evidenciado tanques de pensamiento, organizaciones sociales y el sector empresarial, la diputada Victoria Godoy Palala, una de las dirigentes del oficialismo, hizo ver la "irresponsabilidad" de los 107 padres de la patria que votaron a favor de esa ley.
A su criterio, aprobarla de urgencia nacional no dio tiempo para que las bancadas "analizaran el impacto financiero y atasco en las obras" que habría al permitir que los Codede "trasladen anualmente y de manera indefinida los recursos extraordinarios que se les brinden en cada presupuesto".
"No es lo mismo que se les permita usar el próximo año los fondos que no pudieron ejecutar durante este, por la cantidad de proyectos que se autorizaron, a que puedan hacer un traslado cada año de los recursos extraordinarios. Esto solo hará que junten el dinero de tres años y lo usen como una oportunidad electoral", opinó la congresista.
Así explicó el efecto que tendría la creación del artículo 45 Ter, en la Ley Orgánica del Presupuesto, el cual también ha sido señalado de ilegal por diversos sectores. Este es un fragmento del apartado en mención:
Crece el rechazo
Desde la tarde del pasado martes 2 de septiembre, cuando se aprobó la normativa, cada vez más sectores han alzado la voz en su contra y han pedido a Arévalo impedir que cobre vida legal, otorgando el veto presidencial.
Entre los aspectos que se han mencionado como irregulares destaca "la limitación de las facultades de las entidades del Estado para emitir resoluciones, avales, autorizaciones, permisos, licencias y demás procedimientos", en alusión a un artículo que fija un plazo de cinco días para avalar los proyectos que planteen los Codede.
Otras presuntas anomalías detectadas por organizaciones especializadas en temas económicos y fiscales, así como por el sector empresarial, son:
- Violación al principio de anualidad del presupuesto
- Delegación al Ministerio de Finanzas Públicas de atribuciones que son exclusivas del Congreso
- Creación de una bolsa paralela de fondos públicos
- Eliminación de controles sobre el gasto público
Congreso espera objeciones
Por ahora, la norma todavía no entra en vigencia, pues para ello requiere la sanción del mandatario.
De acuerdo con el Legislativo, el texto se remitiría a su despacho la próxima, si ningún diputado presenta objeciones. Para este proceso, se abrió un plazo que termina este viernes 5 de septiembre.
Al llegar a la Presidencia, la ley deberá ser analizada; ahí se determinará si es viable su sanción o si se otorga el veto. La decisión quedaría en manos del jefe de Estado.
Las bancadas que votaron a favor
El Decreto 7-2025, que contiene tales disposiciones, fue aprobado con 107 votos favorables, procedentes de los siguientes bloques:
- Vamos
- Cabal
- Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)
- Todos
- Valor
- Visión con Valores (Viva)
- Nosotros
- Compromiso, renovación y Orden (CREO)
- Comunidad Elefante
- Azul
Los principales impulsores del proyecto fueron Luis Aguirre, de Cabal, y Allan Rodríguez, de Vamos.
