Más de año y medio después de haber sido presentada, la iniciativa de ley de ciberseguridad ha empezado el camino hacia su aprobación en el Congreso.
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Semanas después de haber obtenido el dictamen favorable, la iniciativa de ley que busca fortalecer la ciberseguridad en el país ha comenzado a avanzar en el Congreso de la República, pues fue avalada en su primer debate.
Identificada con el registro 6347, la propuesta tipifica los que se considerarían ciberdelitos y aumenta sanciones para otras actividades ilícitas que ya se reconocen en la legislación vigente.
La propuesta es aplicar penas de entre 5 y 30 años de cárcel a personas que, por ejemplo, sustraigan información de bancos de datos digitales, ingresen de manera ilegal a bancas en línea o falsifiquen credenciales en sitios web.

También se proponen sanciones más severas para la difusión de pornografía infantil mediante medios digitales y otras tecnologías, y se plantean castigos de entre 8 y 10 años de prisión para quienes utilicen inhibidores y/o bloqueados de señal telefónica o internet para cometer delitos.
Las multas
El texto, que queda a dos lecturas de convertirse en ley, establece, además, una serie de multas cuando los ciberdelitos fueran responsabilidad de personas jurídicas.
Estas van de Q100 mil a Q300 mil y se impondrían a propietarios, directores, gerentes, administradores o empleados, "atendiendo a la gravedad y circunstancias en que se cometió el delito". Esto, independientemente de las responsabilidades penales.
Asimismo, se indica que en caso de reincidencia podría ordenarse la cancelación de la personería jurídica en forma definitiva y otras sanciones como inmovilización de cuentas bancarias y otros bienes.
Si la Ley de Ciberseguridad se aprobara, el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y el Organismo Judicial tendrían que crear una unidad especializada para combatir, perseguir y juzgar la ciberdelincuencia.





