Diputados oficialistas fallaron en su intento de archivar la ley que permite a los Codede utilizar en 2026 los fondos extraordinarios que no ejecuten este año.
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Una semana después de haber aprobado el Decreto 7-2025 y pese a la gran cantidad de críticas recibidas, el Congreso no dio marcha atrás en su decisión de favorecer a los consejos departamentales de desarrollo (Codede), con el traslado de fondos de un año a otro.
Este martes 9 de septiembre, el pleno conoció una serie de objeciones constitucionales planteadas por los nueve diputados que siguen fieles al Movimiento Semilla, con lo cual se buscaba archivar la normativa.
Los oficialistas solo recibieron el respaldo de 36 de sus compañeros, quienes votaron a favor de dejar sin efecto lo avalado el pasado 2 de septiembre.
Otros 91 reafirmaron su decisión de facilitar el uso multianual de dinero destinado a los Codede, y varios que tomaron la palabra aseguraron que esta ley es para "agilizar las obras en los territorios y apoyar a los alcaldes"; además, cuestionaron la "capacidad del Gobierno" para ejecutar los fondos públicos.
Superado el citado proceso, queda en manos del presidente Bernardo Arévalo la sanción o veto de la norma. Se prevé que el texto llegue esta misma semana al despacho del mandatario.
Sectores piden veto presidencial
Organizaciones sociales, académicas y empresariales fijaron su postura en contra del Decreto 7-2025, ya que permite a los Codede trasladar recursos que no use este año para su presupuesto de 2026 y los facultaría para adoptar esa medida de manera indefinida, anualmente, siempre que se trate de fondos extraordinarios.
Además, la norma establece un plazo máximo de cinco días para que las entidades estatales emitan los avales para los proyectos que busquen ejecutar los consejos de desarrollo.
Esto, según los mencionados sectores y el oficialismo, repercutiría en una eliminación de controles en las obras, entre otros aspectos.
Con base en esos y otros efectos que tendría la ley, se solicitó a Arévalo vetar el Decreto y así evitar que cobre vigencia. Tras los múltiples pronunciamientos al respecto, el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, aseguró que recomendaría tal acción al mandatario.
Arévalo, por su parte, dijo que el análisis está en marcha y que comparte las preocupaciones que han evidenciado los mencionados actores. "No podemos permitir que haya mecanismos que, por la razón que sea, abran la puerta a estos mecanismos de corrupción", manifestó.
