El proyecto de Presupuesto para 2026, incluye una propuesta de deuda consistente en Q33,526 millones sin privilegiar la inversión, explicaron expertos del sector empresarial.
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De acuerdo con un análisis presentado por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), la propuesta de presupuesto que llegó al Congreso, contiene un crecimiento sin medida o dirección, con un nivel de endeudamiento que no privilegia la inversión.
Según el estudio, solo 18% del presupuesto previsto se dirige a gasto de inversión, mientras que el resto se concentra en gasto corriente y existe temor de la posibilidad de abrir espacios de discrecionalidad, además de representar un incremento que supera el 41% de las últimas cinco administraciones.
Sigfrido Lee, director de la Unidad Económica de Cacif, recordó que el Pacto Fiscal decía que el presupuesto debía ser financiado con impuestos, pero "nos encontramos es que cada vez necesitamos más deuda par financiarlo", detalló.
Agregó que para 2026, la deuda consista en Q33,514 millones, de la cual sólo el 18% se destina a inversión y más de la mitad servirán para funcionamiento. El resto, es para el pago de deuda. "Eso es muy preocupante, principalmente para la población joven porque ellos tendrán que pagar", afirmó.

Según el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, se proyecta que el saldo de la deuda podría ubicarse alrededor del 28.4% del PIB para 2026, manteniéndose como uno de los niveles más bajos de América Latina.
"Vale la pena reflexionar sobre las enormes deudas que nuestra nación aún tiene con muchas personas, deudas que el mercado jamás podrá saldar. Me refiero a las deudas en educación, salud, protección y asistencia social. Por eso, cuando veamos el saldo de la deuda pública y lo comparemos con el resto del mundo, debemos tener claro que nuestra verdadera deuda está en el desarrollo humano y social", afirmó.
Respecto de la inversión pública, especificó que alcanzará el 15.9% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026, lo que representa un avance significativo hacia un presupuesto con mayor impacto social. Las declaraciones fueron vertidas durante una presentación a la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies).
"Sin planificación técnica"
Los expertos afirmaron que en el proyecto de Presupuesto 2026, fueron asignados recursos "sin planificación técnica ni objetivos definidos". Por ejemplo, incremento de fondos para los Consejos de Desarrollo sin conocer su destino, presupuestación de obras en ministerios que no tienen completadas las fases de preinversión y privilegios para el gasto operativo sobre el impacto real en salud, educación e infraestructura".
La recomendación en este ámbito es cumplir la ley y eliminar excepciones, no endeudar al país con gasto corriente y adoptar reglas macrofiscales que aseguren el bienestar ciudadano, señalan expertos del Cacif.
El proyecto asigna recursos sin planificación técnica ni objetivos claros:
• Fondos ampliados a Consejos de Desarrollo sin destino definido.
• Obras sin fases de preinversión completas.
• Prioridad al gasto operativo sobre salud, educación e infraestructura.
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Excepciones en el Presupuesto
En cuanto al tema de excepciones, Lee describió que se deben eliminar porque restan certeza y capacidad de fiscalización y están destinadas a la Ley Orgánica del Presupuesto y la Ley de Contrataciones del Estado, por ejemplo, para la contratación directa de medicamentos y equipo médico, así como la adquisición de alimentos e insumos agropecuarios por organismos internacionales en especie y contribución monetaria.
También se incluye en este apartado, programas y sociales y convenios para intervenciones estratégicas que involucrarían a los ministerios de Salud, Educación, Comunicaciones y Cultura, además de la Empresa Portuaria Quetzal y Ferrocarriles de Guatemala.
"Se permite la contratación y compra de bienes y servicios a través de organismos internacionales, exonerando procesos competitivos e impuestos", describió Lee sobre el proyecto de presupuesto. Respecto de legislar con excepciones, el experto considera que implica riesgos como falta de fiscalización, fondos especiales sin control, uso de deuda pùblica, inversiòn en propiedades ajenas y falta de transparencia.
Menkos especificó: "Mucha gente cree que cada quetzal que se recauda se reparte a la sazón de lo que quiere el Gobierno, cuando en realidad hay muchas rigideces previas. De cada quetzal, nosotros observamos que hay 79 centavos ya en rigideces legales y constitucionales".
Atención al manejo de recursos
Para Abel Cruz, vicerrector de la Universidad Mesoamericana, no se puede tener una política fiscal sin tener una de tipo económico. "El Estado no debe gastar más allá de sus ingresos y el déficit no debe superar el 1% del total", adelantó y explicó que de hacerlo, es necesario que el último año de un gobierno el porcentaje debe ser cero.
En el caso de Jorge Benavides, investigador asociado de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), remarcó que en 20 años (de 2004 a 2024) recordó que en la Constitución hay cuestiones específicas, como consultar en la Junta Monetaria antes de adquirir nueva deuda y dar seguimiento al informe que entrega la Contraloría General de Cuentas al Congreso.
También hizo un llamado a la ciudadanía, para estar atenta del tema pues se trata de recursos públicos.
Sergio de la Torre, coordinador de la Comisión Económica del Cacif, recomendó al Gobierno: "No se gasten más de lo que tienen" y refirió que los recursos provienen de la población. También explicó que necesario atraer más inversión y empleo.
Los expertos coincidieron en la necesidad de atraer inversiones, pero para ello, afirman que se debe atender temas como seguridad en inversión y física. Benavides también citó el ejemplo de tener costos de energía competitivos, pero lamentó que se haya lanzado la licitación PET-3 pero el gobienro no pudo generar mayor interés para participar.




