El Congreso de la República tiene previsto discutir esta semana la Ley Antilavado, pero por las enmiendas propuestas, podría atrasarse una semana más.
EN CONTEXTO: Ley Antilavado: advierten rezago económico de 8 años si no se aprueba
Más de 50 organizaciones del sector empresarial guatemalteco solicitaron este lunes 25 de mayo al Congreso de la República aprobar con urgencia la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, al advertir posibles impactos económicos, financieros y reputacionales para Guatemala si la iniciativa continúa estancada.
Durante una conferencia realizada por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), los empresarios señalaron que el país enfrenta una amenaza para su estabilidad económica y su relación con el sistema financiero internacional si no actualiza su normativa conforme a estándares internacionales impulsados por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Carlos Arias, presidente del Cacif, afirmó que la discusión no es ideológica ni política, sino una decisión vinculada al futuro económico del país y a la confianza internacional en Guatemala.
Según expuso, la falta de aprobación de la normativa podría provocar que Guatemala sea incluida en la denominada "lista gris" de Gafilat, una clasificación que, aseguró, afectaría directamente a ciudadanos, empresas y operaciones financieras vinculadas con el exterior.
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Impacto en remesas y financiamiento
El sector empresarial indicó que ingresar a esa lista podría encarecer y ralentizar operaciones internacionales, incluidas remesas, transferencias bancarias, inversiones, pagos con tarjetas, importaciones y exportaciones.
También se mencionó que los costos de envío de remesas podrían incrementarse hasta en un 40%, además de surgir mayores controles y límites para las familias que reciben dinero desde el extranjero.
También se indicó que ingresar a esa lista podría encarecer y ralentizar operaciones internacionales, incluidas remesas, transferencias bancarias, inversiones, pagos con tarjetas, importaciones y exportaciones. pic.twitter.com/triaZBjS5k
Arias señaló que cualquier restricción financiera tendría repercusiones en pequeños negocios, emprendimientos y microempresas que dependen del sistema bancario para operar.
"Si Guatemala es considerada un país de mayor riesgo, aumentarán los requisitos financieros y será más difícil acceder a créditos e inversiones", explicó.
Riesgo para inversión extranjera
El Cacif también advirtió sobre posibles efectos en la inversión extranjera y el acceso a financiamiento internacional.
Según Arias, organismos como el Fondo Monetario Internacional han advertido que los países incluidos en listas de vigilancia financiera pueden enfrentar reducción en flujos de capital y pérdida de competitividad.
El presidente del Cacif aseguró que Guatemala está cerca de alcanzar grado de inversión y que una eventual inclusión en la lista gris pondría en riesgo avances económicos construidos durante años.
Más de 50 organizaciones del sector empresarial solicitaron al Congreso aprobar con urgencia la Ley Integral contra el Lavado de Dinero al advertir posibles impactos económicos, financieros y reputacionales para Guatemala si la iniciativa continúa estancada.#Cacif #LeyAntilavado pic.twitter.com/gp0qzomhTG
Se refirió al caso de Panamá, país que tardó varios años en salir de esa clasificación internacional.
Además, el sector empresarial sostuvo que la aprobación de la ley es necesaria para fortalecer la institucionalidad y evitar que estructuras vinculadas a la opacidad continúen debilitando los controles financieros.
Además, indicaron que durante meses distintos sectores participaron en mesas técnicas y discusiones para consensuar la iniciativa y consideran que ya no existen razones para seguir retrasando su aprobación.
Llamado al Congreso
También hicieron un llamado directo a los diputados para respaldar la normativa y "aprobar una legislación moderna, robusta y alineada con estándares internacionales".
Según indicaron, combatir el lavado de dinero no solo implica fortalecer controles financieros, sino también proteger la economía formal, la seguridad y la confianza en las instituciones del país.
"Estamos a un paso de poder ser un país con grado de inversión. Y caer en la lista gris destruiría el esfuerzo de los últimos 10 años. Este problema no nos causa un problema de meses, nos causa un problema de años. Panamá cayó en la lista gris y le tomó 6 años poder salir... Entonces no es un problemita que hoy se causa y mañana se resuelve. Los impactos económicos para el país son tremendamente importantes, y el tiempo que nos tomaría salir de ahí vale la pena considerarlo, porque son años, no son meses, son años", concluyó Arias.
