La CC resolvió los amparos planteados por magistrados titulares y suplentes del TSE, en busca de suspender un proceso en su contra.
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La Corte de Constitucionalidad (CC) amparó de manera provisional a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro, y a los magistrados suplentes, Álvaro Cordón, Marlon Barahona y Marco Antonio Cornejo, cuatro de los ocho togados contra quienes el Ministerio Público (MP) presentó una solicitud de retiro de antejuicio.
Con esta decisión, la CC frenaría las acciones contra estos profesionales, a quienes señala de cuatro delitos por supuestas irregularidades en la contratación del sistema electrónico de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que se usó en las pasadas votaciones.

¿Y los otros magistrados?
Sin embargo, no concedió ese beneficio a Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Gabriel Aguilera y Mynor Custodio Franco, quienes también presentaron una acción legal para impedir que se les despoje de la inmunidad que les otorga su cargo.
El argumento de la CC es que consta el voto disidente de Alfaro cuando se decidió comprar el TREP, mientras que los magistrados suplentes no estuvieron en la reunión en la cual se aprobó la adquisición.

¿Qué pasará con la pesquisidora?
Las resoluciones de la CC se dan conocer el mismo día en que la comisión pesquisidora, que conoce el proceso de antejuicio contra los magistrados, decidió establecer el 28 de noviembre como fecha para emitir su informe.
De acuerdo con abogados constitucionalistas consultados por Soy502, esta y otras decisiones que haya tomado la instancia quedarían sin efecto, pues se tendría que conformar una nueva comisión.
Aquiles Faillace indicó que "como ya no son ocho sino cuatro los señalados" por presuntas anomalías, el Legislativo tendría que repetir el proceso para elegir a los integrantes de la pesquisidora, la cual tendría que comenzar de nuevo todo el trabajo.
Según el abogado, esto no podría hacerse de inmediato, debido a que los diputados se declararon en sesión permanente para designar a los nuevos magistrados de las Salas de Apelaciones y discutir el presupuesto del Legislativo para 2024.
Con esto coincidió Gabriel Orellana y añadió que, de hecho, lo correcto sería conformar una pesquisidora por cada magistrado señalado, ya que "la responsabilidad es a título personal".
La Junta Directiva del Parlamento aún no se pronuncia al respecto y se estima que lo haga al recibir la notificación correspondiente.
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El caso contra el TSE
El MP, por medio de la Fiscalía de Delitos Administrativos, señala a los magistrados de los delitos de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.
La investigación contra ellos surgió de una denuncia presentada el 29 de junio pasado por supuestas irregularidades en la suscripción del contrato administrativo para adquirir el TREP. La acción fue planteada por los abogados Giovanni Fratti y Karen Fischer.
Cabe recordar que semanas antes de que el MP hiciera las solicitudes de retiro de inmunidad, diputados como Boris España hablaron sobre el caso que presentaría ese ente.
Según el diputado Boris España, en pocos días el @MPguatemala dará a conocer detalles de un desfalco en el @TSEGuatemala pic.twitter.com/K8yMaJvpzi