El Congreso elegirá a los nuevos magistrados de la Corte Suprema a partir de la próxima semana.
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En un proceso crucial para la lucha anticorrupción en este país cuyo poder judicial está "secuestrado por las mafias", según el presidente Bernardo Arévalo.
Las alarmas se encendieron por denuncias de interferencia del llamado "Pacto de Corruptos", la supuesta red de políticos, fiscales, jueces y poderosos empresarios que, desde las sombras, manejan los hilos del poder desde hace años en el país.
Claves para entender el proceso
Sistema "deteriorado"
Los nuevos 13 miembros de la Corte Suprema y más de 300 jueces de las cortes de apelaciones para el periodo 2024-2029 deben ser elegidos por el parlamento antes del 13 de octubre.
Expertos señalan que en esta elección "se está jugando la democracia en Guatemala porque se está jugando la independencia judicial", además el sistema judicial se"deterioro al punto que ahora está al servicio de los políticos involucrados en redes criminales y de corrupción" señalo la directora de la ONG ProJusticia, Carmen Aída Ibarra a AFP.
Guatemala ocupa el puesto 30 en el ranking de corrupción de la ONG Transparencia Internacional, de 180 países.
Desafío a Arévalo
La elección tendrá lugar en medio de esfuerzos de la fiscalía para sacar a Arévalo del poder. Varias acciones de la fiscal Porras contra el mandatario socialdemócrata han sido avaladas por la Corte Suprema saliente.
"Para el gobierno sería un factor de estabilidad que en la Corte Suprema de Justicia haya personas que no se presten al juego golpista" de Porras, indica Ibarra.
Monitoreo internacional
Los reflectores de la comunidad internacional están puestos en este proceso, pero los observadores consideran que los "poderes fácticos" pelearán para mantener su influencia en el poder judicial.
La excanciller chilena Antonia Urrejola indica que "lo que estamos viendo es una lucha de estos poderes fácticos. Perdieron al Ejecutivo, pero no quieren perder el Poder Judicial". Ibarra señala que "es necesario un rescate y que tiene que empezar ya".
Candidatos cuestionados
Entre los aspirantes hay funcionarios sancionados por "corruptos" por Washington y la Unión Europea, como el fiscal Rafael Curruchiche, quien ha llevado adelante causas contra Arévalo y los críticos de Giammattei.
Además, buscan la reelección 12 de los 13 actuales magistrados de la Corte Suprema, quienes regularmente han fallado a favor de Porras.
Ibarra considera que la intención de la fiscal Porras es "colonizar" el poder judicial para "consolidar" la persecución a sus enemigos y favorecer a "acusados de corrupción de gobiernos pasados".
Anterior elección entrampada
El Congreso, dominado por la oposición, debe escoger a los nuevos magistrados de unas nóminas de aspirantes preparadas por una comisión de académicos, jueces y abogados.
La anterior elección de magistrados se entrampó en 2019, luego de que se denunciara que un influyente operador político había manipulado las nóminas de elegibles.
Por este motivo, la Corte Suprema funcionó durante cuatro años, hasta noviembre de 2023, con magistrados con mandato vencido.
