Las víctimas desconocían la alteración de sus documentos hasta que eran despojadas de sus propiedades.
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Olga V. fue sentenciada a cuatro años de prisión tras comprobarse que cometió falsedad ideológica, por el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente
La investigación reveló que la procesada insertó declaraciones falsas en documentos públicos, haciendo aparecer actos y voluntades de personas que nunca estuvieron presentes ni tenían conocimiento de esos documentos.

Estos registros fueron utilizados para formalizar compraventas en el Registro General de la Propiedad y apropiarse de bienes que pertenecían a terceros.
El caso fue llevado por la Fiscalía de Casos Especiales, que recopiló y presentó las pruebas ante el tribunal.




