Conoce los requisitos, exámenes y dónde gestionar dicho documento para trabajar legalmente y proteger la salud de tus consumidores
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La tarjeta de manipulación de alimentos es un requisito obligatorio para toda persona que se dedique a la preparación, venta o distribución de productos alimenticios, ya que certifica que el trabajador cumple con las normas de higiene y seguridad necesarias para proteger la salud de los consumidores, y en Sololá no es la excepción.
El trámite se realiza en el Centro de Salud de la cabecera municipal y en la Dirección de Área de Salud, ubicados en la zona 1 de Sololá. Los interesados deben acudir personalmente para empezar el proceso, que inicia con la gestión de la tarjeta de salud.
Para obtenerla es necesario presentar copia del Documento Personal de Identificación (DPI), una fotografía tamaño cédula y los resultados de exámenes médicos, entre ellos pruebas de orina, heces, hepatitis A y VDRL. Con estos requisitos se lleva a cabo una evaluación médica, tras la cual se autoriza la emisión del documento.
Una vez obtenida la tarjeta de salud, el solicitante podrá gestionar la tarjeta de manipulación de alimentos.
El siguiente paso es participar en la charla impartida por la Unidad de Saneamiento Ambiental del centro de salud, donde se instruye sobre prácticas higiénicas y medidas preventivas que deben cumplirse al manipular alimentos.
Con la asistencia comprobada, se entrega la constancia debidamente firmada y sellada, la cual habilita legalmente al portador para desempeñarse en actividades relacionadas con la preparación y venta de comida.
Las autoridades recomiendan a los vecinos acercarse con tiempo, ya que las charlas suelen programarse en fechas específicas y la demanda de este documento es alta.
Asimismo, recalcan que el trámite es totalmente gratuito y que únicamente los centros de salud están autorizados para extenderlo.
De esta manera, quienes trabajan en comedores, restaurantes, ventas ambulantes o negocios de alimentos en Sololá deben cumplir con este requisito, que no solo es una obligación, sino una garantía de que los consumidores reciben productos seguros.
