El MP ha citado a declarar a abogados que denunciaron a Bernardo Arévalo por presuntamente poner en riesgo la soberanía del país.
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El presidente Bernardo Arévalo ha sumado otra denuncia penal en su contra y el nuevo caso está relacionado con el levantamiento de reserva al artículo 27 de la Convención de Viena.
Esa decisión ha llevado al mandatario no solo a incrementar la desaprobación de sus opositores, sino que también le supondría consecuencias legales.
Desde el pasado 5 de mayo, cuando se publicó el Acuerdo 65-2025, que obligaría al Estado a cumplir sin ninguna excusa los tratados internacionales que suscriba, Arévalo fue señalado de poner en riesgo la soberanía del país y facilitar la injerencia extranjera.
Por ello, diversos sectores accionaron y una de las medidas llegó al Ministerio Público (MP). Ahí, los abogados Karen Fisher y Giovanni Fratti, de la organización Guatemala Inmortal, lo denunciaron por actos que van desde abuso de autoridad hasta atentado contra la independencia del Estado.
Los citan a declarar
El proceso está avanzando y recientemente se citó a declarar a Fisher, en calidad de denunciante.
Según el oficio remitido por el MP, el caso está en manos de la Fiscalía de Delitos Administrativos y los señalamientos abarcan también a los siguientes funcionarios:
- Carlos Ramiro Martínez, ministro de Relaciones Exteriores (Minex)
- Carlos Arturo Villagrán, director de Tratados Internacionales del Minex
- Juan Gerardo Guerrero, secretario general de la Presidencia
La abogada deberá comparecer ante la Fiscalía el próximo miércoles 28 de mayo para ratificar su denuncia.
El conflicto
El gobierno de Bernardo Arévalo lleva semanas siendo blanco de severas críticas, por el presunto favorecimiento de la injerencia extranjera, tras la emisión del Acuerdo 65-2025.
La norma solamente se refiere al levantamiento de reserva del artículo 27 de la Convención de Viena, una medida que implementó el Estado de Guatemala desde 1997. Con ello, Guatemala quedaba exenta de acatar lo dispuesto en ese apartado.
Tal artículo reza textualmente: "Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado".
Según diputados y otros actores políticos, al levantar esa reserva, el país tendría que obedecer, sin ningún reparo, lo establecido por cualquier tratado o convenio que se firmara con una organización extranjera.
Esto supondría un riesgo, porque podrían, incluso, violentarse leyes nacionales, incluida la Constitución Política de la República, argumentaron algunos legisladores.
Ese planteamiento habría sido tomado en cuenta por la Corte de Constitucionalidad (CC), pues el pasado 20 de mayo ordenó al Ejecutivo suspender el mencionado acuerdo. El mandatario y la cancillería manifestaron que acatarían lo ordenado por la CC.
