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Convenio 169 promueve inversión en las comunidades indígenas

  • Por Soy502
El convenio busca reconocer a los pueblos indígenas el derecho a participar y entablar una mesa de diálogo con el Gobierno, respecto a decisiones que afecten su comunidad. (Foto archivo Soy502)

El convenio busca reconocer a los pueblos indígenas el derecho a participar y entablar una mesa de diálogo con el Gobierno, respecto a decisiones que afecten su comunidad. (Foto archivo Soy502)

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) llevó a cabo un foro en el que se explicaron los mitos y verdades del Convenio 169 creado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual busca reconocer a los pueblos indígenas el derecho a participar y entablar una mesa de diálogo en decisiones que el gobierno tome las cuales tengan repercusiones en su comunidad.

En Guatemala este convenio entró en vigencia en 1997 y desde su ratificación en el país los proyectos de inversión como hidroeléctricas, minas, construcción de infraestructura vial, y todo proyecto o actividad que piense llevarse a cabo por medio del Estado y una empresa particular debe ponerse a discusión en una mesa de diálogo, donde los representantes de las comunidades indígenas puedan aportar sus opiniones y conocer de qué forma se verían beneficiados o afectados con dichos proyectos.

22 años después de la ratificación del convenio aún no se han cumplido los acuerdos que este establece, debido a que grupos ajenos han creado desinformación en la población indígena ocultando las oportunidades de inversión que este representa con las comunidades y el Estado.

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Respecto a este punto el director ejecutivo de CIG Javier Zepeda se refirió en particular a dicha desinformación “a la gente se le ha hecho creer que esta mesa de diálogo es una consulta en donde se debe votar por un Sí o un No para decidir el futuro de las posibles inversiones. Mucho se habla del convenio 169 y el proceso de consulta, pero existe aún mucha desinformación, misma que ha afectado incluso la economía de todo el país”.

Tal es el impacto que ha causado esta desinformación que llevó al cierre de operaciones de la Minera San Rafael desde julio del año pasado, perdiéndose más de 500 empleos además de que los comercios y proveedores se han visto afectados por un decrecimiento de la actividad económica. Dicho cierre temporal se debió a que no se concretaron las mesas de diálogo entre la Comunidad, Estado y la Minera.

Debido a que el convenio no se aplica muchas personas no pueden comercializar sus productos ni obtener un empleo digno creando más pobreza en nuestro país. La inversión de nuevas empresas se ha ido reduciendo en los años recientes debido a la falta de certeza y la conflictividad generada en torno a la manipulación y confusión alrededor de la consulta que establece el convenio 169.

“Es urgente encontrar nuevas oportunidades de inversión para dejar un futuro a las nuevas generaciones, pero esto solo lo vamos a lograr entendiendo que las comunidades indígenas tienen derecho a decidir en el futuro de sus pueblos, por medio de la aplicación del convenio 169”
Javier Zepeda,
Director Ejecutivo de Cámara de Industria

Mitos y verdades del Convenio 169

Dentro de los mitos que se creen acerca del convenio el cual es confundido por una votación el experto Hernán Conrado, Oficial Técnico Especialista en Pueblos Indígenas de la OIT habló acerca del poder de la consulta, ya que esta no es un mecanismo que pueda impedir el bien común o detener la inversión o el desarrollo del país, ni tampoco disminuir la capacidad del Estado, el verdadero poder de la consulta con los pueblos indígenas radica en el establecimiento de acuerdos conciliatorios que garanticen el respeto a los derechos de las comunidades.

Cuando el Estado decide ejecutar planes o actividades donde viven pueblos indígenas y estas afectan directamente a la comunidad, este deberá encargarse de crear un espacio de diálogo y consulta donde se le informe de estos planes basándose en tres ejes:

  1. Informar a los pueblos indígenas de las actividades que el Estado pretende llevar a cabo donde viven.
  2. Que se identifique qué daño puede causar la nueva inversión a la comunidad y cómo estas pueden ser mitigadas.
  3. Si el Estado obtiene beneficios por las actividades que realice o autorice que esto también les genere un beneficio a las comunidades locales. Significando inversión en beneficio de las mismas en temas de desarrollo social y económico.
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La consulta que propone el convenio 169 lejos de buscar beneficiar a un sector debe usarse como un instrumento que promueva la resolución de conflictos, reconciliación de intereses que vele por los derechos y la no discriminación de los pueblos indígenas.

08 de noviembre de 2018, 15:11

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