Casi 24 horas después que la Corte de Constitucional (CC) emitió su fallo en donde condicionó a la realización de una consulta comunitaria el reinicio de operaciones de la Minera San Rafael, directivos de la empresa se refirieron al respecto durante una conferencia de prensa.
Gabriela de la Roca, Directora de Asuntos Corporativos y abogada de la compañía, considera que la sentencia emitida por la CC pone fin a la incertidumbre jurídica en la que se encontraba la empresa que se ve como un tercero afectado, ya que es el Estado de Guatemala el demandado en el fallo por no haber cumplido con el proceso de consulta.
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Sin embargo, la directiva lamentó que el ente constitucional haya demorado tanto tiempo para emitir una sentencia sobre la suspensión de operaciones.
"En este caso necesitamos hacer un análisis profundo para entender en base a qué, la Corte decidió tratar diferente a un proyecto y no aplicar el Convenio 169 como el mismo instrumento lo dice", dijo de la Roca, en referencia a que ya existe una sentencia de la CC sobre el caso de la hidroeléctrica Oxec.
Andrés Dávila, gerente de Comunicaciones de Minera San Rafael, también criticó que los magistrados se hayan tardado tanto tiempo para emitir el fallo.
Asimismo, los directivos indicaron que esperan que la consulta comunitaria que debe llevar a cabo el Estado de Guatemala sea verdaderamente lo que establece el Convenio 169, como lo es un proceso de diálogo continuo. “Nosotros nos sentimos muy cómodos de participar en un diálogo con las comunidades porque lo hemos hecho desde antes de iniciar operaciones" dice de la Roca.
Al ser consultados sobre el inicio de operaciones de la mina sin antes haber realizado la consulta, los directivos indicaron que cuando es el Estado quien otorga una licencia de operaciones, se asume que han cumplido con lo establecido por la ley. "La mina cumplió para la obtención de la licencia" dijo de la Roca.
Dávila también se quejó que después de un año que la CC ordenó la reglamentación del Convenio 169 este aún no exista. "Las autoridades no han tenido un reglamento bajo el cual llevar a cabo el proceso de consulta" se quejó.
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Por su parte, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), manifestó su rechazo a la resolución que “únicamente viene a destruir la ya debilitada certeza del país, debido a que a ninguna empresa que esté operando legalmente se le pueden suspender sus operaciones de manera arbitraria”.
