Los artículos sobre autonomía del delito siguen siendo el principal punto de discusión en Jefes de Bloque y el sector financiero.
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Las discusiones en el Congreso sobre la nueva Ley contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo continúan centradas en una serie de enmiendas entre bloques legislativos, técnicos de la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Intendencia de Verificación Especial (IVE).
Durante las últimas reuniones de jefes de bloque, diputados analizaron ocho propuestas de modificación presentadas por distintas bancadas.
De acuerdo con el presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, diputado, Jorge Ayala, cinco de esas enmiendas obtuvieron algún nivel de viabilidad técnica, mientras que otras fueron descartadas por considerar que podrían afectar el espíritu original del dictamen.
Las discusiones en el Congreso sobre la nueva Ley Antilavado continúan centradas en una serie de enmiendas entre bloques legislativos, técnicos de la SIB y la IVE.#Congreso #LeyAntilavado pic.twitter.com/TIpPbQbImo
"De esas cinco, de esas ocho enmiendas presentadas, dos tuvieron viabilidad parcial y tres tuvieron viabilidad completa. Hay tres artículos en los que ellos consideran que técnicamente no deberíamos de promover cambios a como originalmente estaba el dictamen.
¿Qué artículos sí podrían modificarse?
Ayala explicó que las enmiendas con viabilidad parcial corresponden a los artículos 12 y 25 de la normativa.
El artículo 12 aborda establece quiénes podrían estar sujetos a mayores controles financieros, especialmente funcionarios o personas con cargos públicos, así como qué tipo de movimientos de dinero podrían generar alertas por aparentar irregularidades.
El el artículo 25 se enfoca en los familiares cercanos de esas personas expuestas políticamente.
La intención es evitar que terceros, como familiares o personas vinculadas, puedan ser utilizados para mover fondos de origen ilícito. La discusión entre diputados se centra en definir hasta qué grado de parentesco deberían aplicarse esas medidas de supervisión.
Mientras tanto, las modificaciones que sí recibieron respaldo técnico completo corresponden a los artículos 52, 83 y 111.
En el artículo 52 se plantea añadir funciones de capacitación y divulgación a la Intendencia de Verificación Especial.
El artículo 83 incorpora las figuras de proposición, conspiración y tentativa dentro del delito no consumado de lavado de dinero, estableciendo penas equivalentes a una tercera parte de la sanción principal.
Por su parte, el artículo 111 modifica aspectos del Código de Notariado para delimitar qué obligaciones quedarían excluidas únicamente a lo relacionado con la ley y su reglamento, sin extenderlo a otras disposiciones emitidas por la SIB o la IVE.
Artículos que mantienen la discusión
Los mayores desacuerdos continúan alrededor de los artículos 73 y 74, relacionados con la autonomía del delito de lavado de dinero.
Según Ayala, algunas propuestas buscaban incluir que el delito debía estar previamente determinado, con el argumento de reforzar garantías como la presunción de inocencia y el debido proceso.
"Sí, el artículo 73 era referido a que un agregado a la definición en el artículo para establecer que debía de ser previamente determinado. Lo que se buscaba era que se garantizara de alguna forma explícita los derechos que corresponden a las personas en cuanto a la presunción de inocencia y al debido proceso, pero básicamente podían afectar un poco las reformas que se hicieron en el año 2010 a la ley de lavado cuando se estableció la autonomía del delito. Entonces, se consideraba que pudiera afectar eso, lo que previamente estaba establecido", indicó.
Sin embargo, los técnicos advirtieron que esos cambios podrían afectar la autonomía del delito establecida desde las reformas realizadas en 2010.
El diputado sostuvo que, aunque no hubo respaldo técnico para esas modificaciones, la nueva redacción de la ley ya incorpora mayores garantías que la normativa vigente desde 2001.
Entre ellas, resaltó que el Ministerio Público (MP) tendría la obligación de demostrar que la persona conocía el origen ilícito de los fondos involucrados.
Una ley "más garantista"
El presidente del Congreso, Luis Contreras, afirmó que la iniciativa busca fortalecer las garantías procesales para los ciudadanos.
Según explicó, con la legislación actual una alerta emitida por la IVE puede derivar rápidamente en acciones penales.
En cambio, con la nueva propuesta el MP tendría que realizar investigaciones propias y demostrar por sí mismo la existencia del delito, sin utilizar directamente informes o personal de la IVE como prueba.
"La ley, hemos tratado de explicarle a los diputados, que es mucho mejor, mucho más garantista que lo que teníamos antes. Espero en Dios que el martes, pues, tengamos primeramente una ley", explicó.
Contreras aseguró que se ha intentado explicar a los diputados que la nueva normativa resulta mucho más garantista que la ley vigente.
Cuestionan autonomía del delito
Por su parte el diputado Allan Rodríguez, desde la bancada Vamos, advirtió que algunos artículos podrían entrar en conflicto con la Constitución.
Rodríguez argumentó que la normativa podría interpretarse como una inversión de la presunción de inocencia, al permitir que una persona sea señalada únicamente a partir de sospechas sobre operaciones financieras.
También afirmó que su bancada considera que los artículos 73 y 74 podrían abrir espacio a abusos o incluso a persecuciones políticas, mencionando la necesidad de fortalecer herramientas legales para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.
"En esta ley, con la autonomía del delito, todos los guatemaltecos son culpables hasta que comprueben lo contrario. Solo basta con que alguien en la IVE diga, mire, yo tengo sospechas de que usted es culpable y a mí me parecen sospechosas estas transacciones y con esto van a culpar a cualquier guatemalteco. Eso es lo que nosotros hemos estado discutiendo... porque tiene que ver con que aprobemos algo que contraviene la Constitución. Es una cuestión de criterios y una discusión política que debemos de discutir a fondo", expresó.
Además, indicó que existe presión internacional para mantener ciertos estándares exigidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y esto ha complicado aún más la discusión.
Mantener recomendaciones internacionales
El diputado José Chic, de la bancada Vos, explicó que se trabaja en una nueva redacción para los artículos 73 y 74 con acompañamiento técnico de la SIB y la IVE.
Chic indicó que la intención es que el texto final quede alineado con las recomendaciones internacionales y permita aprobar la ley el próximo 2 de junio.
Aseguró que algunas de las contrapropuestas impulsadas por ciertos bloques no recibieron respaldo técnico y ahora se busca una fórmula intermedia que mantenga la viabilidad internacional de la normativa.
"Habían algunas dudas relacionadas con la autonomía del delito y el delito de lavado de dinero. Hoy queda un poco más claro cómo sería la implementación para que tampoco se use como arma política, como se ha visto en algunos casos ya que se han diligenciado en el país", indicó.
Hizo mención sobre posibles usos políticos de la ley y sostuvo que Guatemala no puede apartarse de los compromisos asumidos ante organismos internacionales y que la aprobación de la normativa es necesaria para proteger la economía nacional.
Una ley sin riesgos para Guatemala
El diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, explicó que las enmiendas a la Ley Antilavado han pasado por varias mesas de discusión entre la Comisión de Economía, jefes de bloque, la Superintendencia de Bancos y representantes del sistema bancario.
Según indicó, inicialmente se avalaron 14 enmiendas y posteriormente se analizaron otras ocho propuestas planteadas en el pleno, de las cuales cinco avanzaron con ajustes y tres quedaron fuera por considerarse incompatibles con estándares del GAFI y criterios de evaluación de riesgo.
Estrada afirmó que el trabajo técnico se realizó con base en las recomendaciones internacionales y aseguró que, si el Congreso mantiene los acuerdos políticos alcanzados hasta ahora, la ley no representaría riesgos para Guatemala ante organismos internacionales.
"Si salimos como estamos acordados políticamente, las 14 de la Comisión y las 5, estamos bien. Según nos han indicado la misma GAFI en cuanto a la normativa y el equipo de las superdebancos. Ahora si en el pleno aparecen otras cosas y se aprueban otras cosas, ahí sí a saber", indicó.
Sin embargo, advirtió que el escenario podría cambiar si durante la discusión en el pleno se aprueban modificaciones distintas a las consensuadas.
