Exfuncionarios del Ministerio Público emitieron un comunicado para responder a las acusaciones de la FECI en el caso Odebrecht.
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Los exfuncionarios del Ministerio Público (MP) Thelma Aldana, Juan Francisco Sandoval, Siomara Sosa y David Gaitán, emitieron un comunicado para rechazar los señalamientos vertidos por Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y alegaron que se trata de una estrategia de criminalización.
En el documento se menciona que "frente a las reiteradas estrategias de criminalización impulsadas por el MP bajo la dirección de Consuelo Porras - cuyo objetivo es manipular el sistema de justicia para proteger a actores corruptos-, denunciamos el uso de jueces ad hoc y la instrumentalización de la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal para violar flagrantemente las garantías del debido proceso".
Además, indicaron que con esa práctica, se "compromete gravemente el Estado de Derecho en Guatemala".
También se refirieron a la Fundación contra el Terrorismo, instancia de la que afirman, está en colusión con el MP, tras plantear una recusación contra la jueza competente del caso "con el único propósito de trasladar el expediente judicial a la Sala Tercera de Apelaciones. Ante dicha sala, fueron planteados hechos ya debatidos y resueltos por las instancias legales correspondientes, y aun así, esta resolvió de forma ilegal y arbitraria", se consignó en el comunicado.
Por aparte, manifestaron que las órdenes de aprehensión "solo pueden ser emitidas por el juez de primera instancia a cargo del proceso penal" y adelantaron que "las salas de apelaciones, como lo indica su función, están restringidas a conocer recursos en segunda instancia, por lo que su actuación en este caso es manifiestamente ilegal".
"Estas maniobras ilegítimas buscan perpetuar la impunidad de individuos como Alejandro Sinibaldi, Manuel Baldizón y Arturo Batres. Quienes --como ha sido demostrado --", indicaron y afirmaron que las personas en mención "recibieron más de 20 millones de dólares en sobornos por parte de Odebrecht, La jueza responsable del caso ha permitido que estos y otros actores vinculados a redes criminales permanezcan sin rendir cuentas ante la justicia".
Por último, expusieron que utilizarán todos los recursos legales disponibles para defenderse.
Las acciones recientes del MP no solo han desmantelado años de avances institucionales, sino que han reconfigurado el aparato de justicia como una herramienta de encubrimiento para redes político-económicas ilícitas.
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La acusación
Curruchiche en conferencia de prensa amplió detalles de la acusación planteada en contra del exjefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) Iván Velásquez, así como otros exfuncionarios del MP.
Según Curruchiche, la investigación surgió por una denuncia de la Fundación contra el Terrorismo, pero también por el apoyo del "Testigo A", quien proporcionó pruebas y precisó que dentro del caso Odebrecht, existe una nueva etapa de investigación, la cual ha sido identificada como "fase de acuerdos fraudulentos".
"Estos exfuncionarios de la CICIG y MP, vendieron, archivaron y eliminaron expedientes de personajes claves de la red Odebrecht, no por la falta de pruebas, sino por las negociaciones oscuras, en las que exigían dinero o favores a cambio de impunidad", dijo Curruchiche.
Manifestó: "cuando estos exfuncionarios de la anterior MP y de la CICIG, no recibían lo que pedían, ellos mismos fabricaban casos penales, muchas veces de casos políticos, para inhabilitar a quienes no se sometían a sus exigencias. Primero extorsionaban y luego hacían una persecución selectiva".
También dijo que había un esquema de impunidad "evidente".
"La complicidad de Iván Velásquez, Thelma Aldana y Juan Francisco Sandoval, en un esquema de impunidad, es evidente. Se permitió y se facilitó la eliminación sistemática de expedientes claves relacionados en el caso Odebrecht", agregó.
