Expertos coinciden en que la iniciativa 6593 no es solo una actualización técnica, sino un blindaje necesario para la estabilidad económica y la integridad del sistema financiero nacional.
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Guatemala se encuentra en un punto de inflexión legal y económico con la discusión de la iniciativa de ley 6593, una propuesta integral contra el lavado de dinero y otros activos que busca reemplazar legislaciones que datan de 2001 y 2005.
Durante un reciente foro organizado por la Escuela Bancaria de Guatemala (EBG), expertos analizaron el alcance de este proyecto que pretende alinear al país con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Félix René Díaz, consultor en cumplimiento y prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, quien moderó el foro, contextualizó que el sistema actual ha quedado corto frente a las nuevas operativas de las estructuras criminales.
Organismos como GAFILAT han advertido desde 2016 la necesidad de reforzar los controles para evitar que Guatemala caiga en una "lista gris" de países no cooperantes, lo que acarrearía graves consecuencias financieras.
Urge aprobar la Ley Contra el Lavado de Dinero
Evita daños a la reputación de Guatemala, mayores costos en transacciones internacionales y la pérdida de acceso a inversión y mercados globales.#LeyContraElLavadoDeDinero #UrgenciaNacional pic.twitter.com/mlI2XfD2Wz
Nuevos sujetos obligados
Mariano Rayo, asesor de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), explicó que la iniciativa unifica en un solo cuerpo legal la prevención del lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y, como novedad, la prevención de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Rayo destacó que las comisiones legislativas de Finanzas y Economía han realizado un análisis técnico profundo para asegurar que el texto se apegue al marco constitucional.
Uno de los puntos más relevantes de la iniciativa, según lo expuesto, es la ampliación del universo de "personas obligadas".
La propuesta no solo abarca al sistema financiero tradicional, sino que incorpora a sectores no financieros, como proveedores de servicios de activos virtuales, contratistas del Estado y profesionales independientes (auditores, contadores y abogados), aunque con obligaciones diferenciadas a las de un banco.
Rayo enfatizó que existen compromisos técnicos para que la ley no criminalice al sector informal, no prohíba el uso de efectivo ni tenga fines puramente tributarios. Además, se busca una redefinición clara de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) para evitar discrecionalidad en su supervisión.
Aprobar la Iniciativa 6593 es una forma clara de mostrar el compromiso de Guatemala con los esfuerzos internacionales de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Guatemala necesita contar con una normativa legal integrada, robusta y actualizada,… pic.twitter.com/11nrTNWk2d
El enfoque de riesgo y la urgencia internacional
Por su parte, Susan Rojas, exintendente de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), de la Superintendencia de Bancos de Guatéala (SIB), subrayó la importancia del "enfoque basado en riesgo".
Este estándar permite que las instituciones enfoquen sus recursos donde existe mayor exposición real, dejando atrás el cumplimiento meramente administrativo para pasar a uno estratégico.
Rojas calificó el lavado de dinero como un "delito complejo y transnacional" que se nutre del dolor causado por delitos precedentes como la trata de personas y el narcotráfico.
Los actores bancarios han dicho que la urgencia de aprobar este decreto radica en la evaluación programada para febrero de 2027.
De no contar con un sistema efectivo y alineado a las 40 recomendaciones de GAFI, Guatemala enfrentaría obstáculos en corresponsalías bancarias internacionales, afectando directamente la recepción de remesas y las operaciones de exportadores.
