Guatemala, tan tristemente acostumbrada a la violencia, vivió el martes 10 de marzo una jornada digna de inscribirse dentro de los anales más negros de nuestra historia reciente. Con apenas horas de diferencia, los habitantes de este país fuimos testigos de dos ataques que sacudirían los cimientos de cualquier sociedad.
Solo en una película de terror, proveniente de una mente verdaderamente retorcida, podría concebirse que un grupo de delincuentes decida convertir a las afueras de un centro médico en campo de batalla. Y no hablamos de cualquier nosocomio, sino de uno de los más importantes hospitales del país, el San Juan de Dios, ubicado en el corazón de la ciudad capital, a cuyos alrededores se aglomera, siempre, gran cantidad de personas entre vendedores, pacientes, familiares y vecinos del lugar.
En un sitio así no se valen las granadas, los disparos de fusil, los fallecidos, los heridos….Tampoco se valen testimonios de testigos que narraron cómo vivieron “momentos de miedo” cuando simplemente acompañaban a quienes acudían a sus citas. A los centros médicos se acude para sanar heridas y curar enfermedades, no para caer, frente a sus puertas, víctimas de las balas porque un grupo de pandilleros quería ajustar cuentas con otro.
Tampoco caben explicaciones tibias o justificaciones. Y sí, es preciso reevaluar la forma en cómo se traslada a los reos a los hospitales, como también cómo se los lleva a citaciones judiciales. De este tema se ha conversado durante años. Se modifican protocolos y demás, pero el riesgo persiste. Una persona, por tuiter, me envió la alerta de que, un día después de este ataque, en una unidad de Transmetro, un privado de libertad y su custodio se trasladaban hacia Torre de Tribunales. ¿Inconcebible? Por supuesto.
Sin embargo, el horror en el San Juan de Dios fue solo uno de dos hechos verdaderamente indignantes. Guatemala no se había recuperado aún de esta conmoción, cuando, desde Suchitepéquez, se reportaba la muerte de dos periodistas. Colegas. Un recordatorio de lo difícil que puede ser el ejercer esta profesión en el país. Los comunicadores de provincia están en mayor riesgo. Lo sabemos todos. Las medidas de protección deben fortalecerse en todo sentido. Danilo López y Federico Salazar no merecían este trágico final. No se vale.
