La iniciativa propone combinar beneficios fiscales con subvenciones directas para impulsar el desarrollo productivo.
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La Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso avanza en la discusión de la iniciativa Ley Promesa para el Empleo, una propuesta que busca transformar el modelo de atracción de inversión en Guatemala mediante un esquema combinado de incentivos fiscales y subvenciones directas.
El presidente de la comisión, el diputado Jorge Ayala, explicó que el país enfrenta una desventaja frente a otras economías de la región que cuentan con mecanismos más robustos para captar inversión extranjera.
"Vamos a hacer una presentación de la Ley Promesa de Empleo. Guatemala compite realmente de forma diferenciada con otros países como Colombia, como Costa Rica, como República Dominicana, en tener los incentivos y las subvenciones suficientes para traer inversión extranjera directa", señaló.
Según detalló, la iniciativa surge tras experiencias en el interior del país y plantea un modelo más integral que combine distintas herramientas para dinamizar la economía.
"Esta iniciativa fue presentada después de una visita que hicimos a una planta de ensamblaje que está en San Marcos. Lo que se busca es diseñar un modelo para que se haga mayor atracción de inversión extranjera directa. La ley pretende hacer eso a través de subvenciones e incentivos, tanto fiscales como no fiscales", explicó.
Ayala indicó que el proyecto ya cuenta con un dictamen preliminar, aunque continúa en fase de análisis dentro de la comisión. "Hoy vamos a hacer la primera presentación. Tenemos ya un dictamen propuesto, pero estamos en discusión sobre el mismo", puntualizó.
Cambio en la política económica
La iniciativa 6630 introduce un nuevo aspecto en la política económica del país. A diferencia de modelos tradicionales centrados únicamente en exoneraciones fiscales, la propuesta plantea una política industrial más activa, orientada a fortalecer capacidades productivas.
Según esta iniciativa, Guatemala mantiene bajos niveles de inversión en innovación, rezagos en infraestructura y una fuerte concentración de oportunidades en áreas urbanas, esto limita su competitividad frente a otros países.
En ese contexto, la ley propone un esquema que combina:
- Incentivos fiscales, como exenciones del impuesto sobre la renta, IVA y aranceles para importación de maquinaria.
- Subvenciones directas, destinadas a financiar infraestructura productiva, certificaciones, tecnología, capacitación de talento humano y desarrollo de proveedores.
Este modelo busca no solo atraer inversión, sino también asegurar que esta se traduzca en desarrollo económico sostenible y generación de empleo formal.
Incentivos
Uno de los elementos técnicos clave de la iniciativa es la introducción de criterios de acceso y control para los beneficios, esto hace la diferencia entre los esquemas anteriores.
Entre los requisitos se incluyen:
- Inversiones mínimas significativas
- Planes de desarrollo a mediano plazo
- Cumplimiento de metas verificables
- Supervisión y auditoría estatal
Este enfoque apunta a evitar el uso ineficiente de incentivos y priorizar proyectos con mayor impacto económico.
Además, la ley incorpora un fuerte componente de descentralización productiva, al incentivar inversiones en el interior del país, donde históricamente se concentran mayores rezagos en empleo e infraestructura.
Competitividad regional
La propuesta también se enmarca en el contexto internacional actual, donde el fenómeno de relocalización de empresas, conocido como nearshoring, abre oportunidades para países cercanos a Estados Unidos.
En este escenario, Guatemala busca posicionarse como un destino atractivo para la inversión, compitiendo con economías como Costa Rica, República Dominicana o El Salvador, que ya ofrecen esquemas más agresivos de incentivos, según lo detalló previamente Ayala.
Desafíos
Aunque la iniciativa plantea un diseño técnico más moderno, su efectividad dependerá de factores como la capacidad institucional para evaluar proyectos, la transparencia en la asignación de recursos y el control del impacto fiscal.
También persisten retos en garantizar que los beneficios alcancen a distintos sectores productivos y no se concentren únicamente en grandes empresas.
