La falta de seguridad pública equivale alrededor de un 7% del PIB del país, según el FMI.
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Analistas y empresarios coinciden en que la inseguridad es un desafío que Guatemala enfrenta y no solo genera costos directos, sino que también socava la competitividad, frena la inversión y afecta la calidad de vida.
Desde el sector manufacturero, Alejandro Ceballos, vicepresidente de la Comisión de Vestuario y Textiles de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Vestex), describió cómo la inseguridad golpea directamente a la fuerza laboral y la cadena de suministro.
Ceballos comentó que además de las extorsiones, la proliferación de prestamistas y redes criminales de usura, acechan a los trabajadores de las plantas y actúan de forma violenta en las afueras de las fábricas. "Esta situación genera un ambiente de miedo y provoca una alta rotación de personal, incluso de gente muchas veces que es clave, quienes se ven forzados a buscar empleo en otras localidades para escapar de estas presiones financieras", destacó.
El empresario también señaló la persistencia del robo de materias primas como hilo y algodón, que son desviados hacia El Salvador u Honduras, dada la dificultad de comercializarlos localmente. Las exportaciones, en contraste, están más protegidas con servicios privados de guardias.
Freno a la competitividad
En ese contexto, David Casasola, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), citó estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) que cifran el costo de la inseguridad en Guatemala en alrededor del 7% del Producto Interno Bruto (PIB).
Esta cifra se desglosa en un 6% por costos directos (atención a heridos, seguridad pública y privada, reposición de bienes) y un 1% por costos indirectos (pérdidas de oportunidades económicas, incluyendo empleos no creados).
Casasola subrayó que los empresarios y emprendedores se ven obligados a desviar tiempo y recursos de la innovación y la generación de valor hacia la protección y la seguridad privada, e incluso, en muchos casos, al pago de extorsiones para poder operar. "Esto es un costo adicional que en realidad no todos pueden absorber", afirmó al destacar que las pequeñas empresas son las más vulnerables, pues una pérdida por asalto o robo puede ser irrecuperable.
La inseguridad se suma a una lista de sobrecostos que ya enfrenta el país, como la sobrerregulación, la infraestructura deficiente, la baja calidad educativa y la desnutrición, lo que resta competitividad y dificulta la creación de empleo. Casasola también vincula la falta de oportunidades laborales con el aumento de la delincuencia, creando un círculo vicioso.
Necesidad de prevención del delito
Por su parte, Pedro Prado, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), reafirmó la relevancia del problema. "Definitivamente, es un tema relevante porque tiene un impacto negativo en las actividades productivas, pues las empresas deben destinar más recursos al tema de protección, lo que afecta sus finanzas y, en última instancia, las finanzas personales de los trabajadores.
El analista de ASIES enfatizó en la necesidad de que las autoridades "revisen la planificación de todas las actividades relacionadas con la prevención de estos delitos" para mejorar la percepción de seguridad y el bienestar general. Asimismo, vinculó la inseguridad con la competitividad del país y los esfuerzos por alcanzar un grado de inversión, al destacar que el "Estado de derecho, que está vinculado con el tema de seguridad y justicia, son elementos a tomar en cuenta y deben mostrar mejores resultados".
De acuerdo con el boletín estadístico del CIEN, en mayo de 2025, el índice de denuncias de delitos (IDD) bajó 4.2%. Sin embargo, al analizar el subíndice de delitos contra personas, la tasa interanual de homicidio aumentó respecto al mes anterior y en mayo se ubicó en 17.4 homicidios por cada 100 mil habitantes. En el subíndice de delitos contra propiedad, la tasa interanual de denuncias por extorsión también aumentó en el mismo y fue de 150.6 extorsiones por cada 100 mil habitantes.
