El ministro de Salud debe responder a un total de 35 preguntas básicas, en una interpelación que ya lleva medio año.
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Joaquín Barnoya, ministro de Salud, está por cumplir seis meses de acudir semanalmente al hemiciclo parlamentario para someterse a un juicio político solicitado por el diputado Bequer Chocooj, quien lo señala de "irresponsabilidad" e incumplimiento de sus funciones.
El interrogatorio comenzó el pasado 6 de marzo y parece estar lejos de terminar, pues el funcionario solo ha alcanzado a responder 16 de las 35 preguntas básicas que le formuló el congresista. Además, terminada esta fase, habría cuestiones adicionales, en las que podrían participar miembros de distintos bloques.
A paso lento
Entre los aspectos que han contribuido a que la interpelación se alargue figura el nivel de detalle que requieren las preguntas planteadas por Chocooj, pues, para contestar, Barnoya, incluso, ha debido entregar gran cantidad de documentos de respaldo.
A esto se suma la inasistencia de los diputados a las sesiones, provocando que estas se suspendan. La plenaria más reciente fue este jueves 4 de septiembre.
Aunque inicialmente se contaba la presencia de 89 parlamentarios en el hemiciclo, el cuórum bajó a menos 60 justo en el momento en que debía presentarse el ministro, lo cual impidió que el juicio político continuara.
Sin salir del país
La situación tiene varias implicaciones, tanto para el ministro de Salud como para los diputados del Congreso.
En primer lugar, el funcionario no puede salir del país mientras su interpelación esté en curso, pues hay una prohibición legal al respecto. Además, no puede excusarse de asistir al interrogatorio, por lo que debe acudir puntualmente al Palacio Legislativo cada jueves, a las 10:00 horas.
Por otra parte, se sigue reprogramando el juicio político del ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, contra quien también se solicitó un proceso de ese tipo.
Después de él, seguiría el jefe de la cartera de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz, y por último a la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, quienes tampoco pueden atender compromisos internacionales hasta que concluya su interpelación.
Esto quiere decir que los parlamentarios seguirán dedicando los jueves a interrogar a funcionarios de Gobierno, por lo cual esos días no se aprobaría ninguna ley.
Un ejercicio sin resultados
Una interpelación constituye un tipo de juicio político al cual los ministros de Estado están obligados a acudir, una vez uno o varios diputados lo soliciten.
En el proceso, se les plantean diversas interrogantes sobre temas puntuales, en los cuales los legisladores consideren que hay faltas o irregularidades. Las preguntas básicas son las iniciales y estas se hacen llegar con antelación al funcionario. No obstante, después de ellas puede haber otras cuestiones.
Terminada esa etapa, si los interpelantes consideran que las respuestas no son satisfactorias, pueden pedir el voto de falta de confianza. Si este se concede, el ministro debe presentar la renuncia a su cargo.
No obstante, en lo que va de la legislatura no se ha llegado a ese punto, a pesar de que se han solicitado interpelaciones contra la mayoría de los ministros de Bernardo Arévalo.
A criterio de los diputados oficialistas, se están usando estos procesos solo para entorpecer la labor de los funcionarios y el mismo Congreso.
