Once personas fueron asesinadas de forma salvaje hace una semana en la aldea Los Pajoques de San Juan Sacatepéquez.
Entre los muertos hay siete miembros de una familia completa.
Los criminales que llevaron a cabo esta matanza han propagado el terror durante meses en varias comunidades de ese municipio.
La razón principal –y la más visible—es el interés de sabotear la construcción de una planta de cemento y una carretera. Sin embargo, habiendo ya más de diez muertos de por medio, estoy segura de que hay otras razones más profundas y complejas que nutren el conflicto: desde disputas familiares y enemistades ideológicas que datan del enfrentamiento armado interno, hasta intereses –metálicos y laborales-- de empresarios de la localidad.
Periodistas que estuvieron en la comunidad donde ocurrió la matanza cuentan que en el lugar había letreros donde prohibían, por sí y ante sí, la venta de terreno para facilitar el paso de la carretera. ¿Ah sí? ¿Quiénes son ellos para prohibir qué dispone la gente con su propiedad?
Ese mismo grupo se ha ocupado de aterrorizar a los campesinos para que no trabajen en la planta de cemento o en la carretera. También atacan a quienes pretenden aprovechar los servicios que esa empresa ofrece para la comunidad, como los centros de capacitación.
A tal grado intimidan a las personas, que si sorprenden a alguien con los materiales didácticos de esa escuela, se los confiscan y destruyen. En ocasiones también han golpeado sin misericordia a quienes los llevan para disuadir a la comunidad.
La izquierda civilizada y dialogante de Guatemala debe tomar distancia de este movimiento de forajidos violentos si quiere conservar credibilidad.
Lo que ocurrió hace una semana en San Juan Sacatepéquez –sin olvidar que ya en el pasado ha habido otros episodios de violencia—es inaceptable y no admite excusas.
De hecho, me consta que hay personas y organizaciones que están plenamente conscientes del problema y han prestado asistencia a las víctimas. Es más, también desde hace tiempo se han sumado embajadas europeas, como la alemana o la suiza, que han acompañado el proceso y saben cómo éste ha sido manipulado.
El caso de San Juan debe reconsiderarse en su justa dimensión. Hay mucha pose, mucha hipocresía y mucha simpleza en quienes han pretendido convertir este caso en algo que no es.
Para comenzar, debe existir rigor en el acercamiento al problema. La dimensión ambiental de la instalación y el funcionamiento de una planta de cemento NO es la de una operación de minería de metales o extracción de hidrocarburos.
Sí, es una actividad industrial, y por lo mismo debe estar sometida a controles, regulaciones y estándares de mejores prácticas. Pero hay muchas otras industrias en el país –algunas especialmente nocivas y contaminantes-- y no se ve a estos encapuchados amenazando con garrotes y tambos de gasolina a quienes las operan.
Al gobierno le corresponde actuar para imponer orden en San Juan y garantizar la vida, los bienes y los derechos de sus habitantes, pero no esporádicamente, mientras se entierra a estos muertos, después del aberrante estallido de la semana pasada.
Hace ya años que hay un grupo en esa comunidad que se considera con el derecho de imponer por la fuerza su voluntad sobre los demás. No es un problema que sea exclusivo de San Juan: hay muchas otras localidades del país donde “patrulleros” de todos los sabores ideológicos actúan cual terroristas para hacer valer su propia ley, la que a ellos gusta y conviene.
Guatemala necesita de un movimiento social vigoroso que exija cambios. Pero para hacer cualquier reclamo o plantear propuestas, ese movimiento debe ser honesto. Y lo que hemos visto en San Juan, no sólo no va por ahí…después de esta matanza, francamente da asco.
