El ministro de Gobernación insistió en que las soluciones estructurales dependen de reformas legales que aún están pendientes en el Congreso.
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Durante una citación en el Congreso, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, señaló que la falta de aprobación de reformas clave mantiene limitadas varias acciones del Gobierno para enfrentar la criminalidad desde el Sistema Penitenciario (SP).
Uno de los puntos centrales fue la reforma a la Ley de Lavado de Dinero, la cual, según explicó, permitiría reducir la sobrepoblación carcelaria al eliminar la multa como sanción adicional. Actualmente, detalló, hay miles de privados de libertad que ya cumplieron su condena, pero siguen en prisión por no poder pagar esa multa.
"El Congreso no entró a conocer las reformas... y ahí hay una reforma muy importante", expresó el ministro. Añadió que esta modificación "nos va a permitir que salgan en libertad aproximadamente entre dos mil quinientos y tres mil personas que ya cumplieron la pena de prisión, pero no tienen dinero para pagar la multa", indicó.
Villeda enfatizó que esta situación incide directamente en el hacinamiento en centros carcelarios, que se encuentra cerca de un 300% sobre su capacidad, por lo que insistió en la necesidad de que el Legislativo avance en la aprobación de dicha normativa.
Freno legislativo
En la citación también fue cuestionado por diputados sobre la efectividad de los bloqueadores de señal en las cárceles, ante el continuo uso de teléfonos móviles por parte de privados de libertad para coordinar delitos.
Al respecto, el funcionario explicó que el problema no radica únicamente en la capacidad operativa del Ministerio, sino en la ausencia de un marco legal que obligue a las empresas de telecomunicaciones a impedir la señal en los centros penitenciarios, como ocurre en El Salvador.
"Eso en El Salvador está regulado... aquí en Guatemala no está regulado así", dijo. En esa línea, recordó que existe una iniciativa de ley la 6223 "Ley para el Bloqueo de Señal desde los Centros de Privación de Libertad", la cual busca trasladar esa responsabilidad a las compañías telefónicas, pero aún no ha sido aprobada.
"Estoy con las manos atadas para poder sancionar a una empresa o para poder obligarla a cortar la señal dentro de los sistemas penitenciarios", afirmó.
En la citación el ministro Villeda fue cuestionado por diputados sobre la efectividad de los bloqueadores de señal en las cárceles, ante el continuo uso de teléfonos móviles por parte de privados de libertad para coordinar delitos. Ante esto explicó: pic.twitter.com/uPeVS4gVRh
Mientras tanto, el Ministerio de Gobernación continúa utilizando bloqueadores de señal como medida alternativa, aunque reconoció que esto implica un desgaste de recursos. "Nos vemos obligados a tener que estar comprando bloqueadores y ver de alguna manera cómo evitamos que los reos sigan generando señal", puntualizó.
Las declaraciones del ministro se dieron en respuesta a los señalamientos de diputados, a quienes también trasladó la responsabilidad de avanzar en las reformas legales necesarias para fortalecer el control en las cárceles y reducir los delitos que se coordinan desde estos centros.
