Según lo expuesto, las declaraciones del alcalde de Moyuta fueron públicas y notorias, y podrían constituir a delito de amenazas.
EN CONTEXTO: Gobernación responde a las amenazas del alcalde de Moyuta, Jutiapa
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, presentó este jueves 15 de enero una denuncia ante el Ministerio Publico (MP), en contra de Carlos Roberto Marroquín Fuentes, actual alcalde de Moyuta, Jutiapa.
Esta acción fue realizada tras las recientes declaraciones públicas emitidas por el jefe edil de ese municipio, quien habría amenazado a las fuerzas de seguridad del país con responder con violencia, si agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) realizan sus labores cerca de su presencia.
La acción legal interpuesta por Villeda, "responde a una postura de firmeza institucional frente a cualquier amenaza dirigida contra la PNC. Es por ello que, tras la intimidación pública emitida en contra de la autoridad, se procedió a interponer la denuncia correspondiente conforme a la ley", señaló el Ministerio de Gobernación (Mingob).
El ministro declaró que "es una irresponsabilidad para un funcionario que tiene una representación, dar semejantes declaraciones, pero sobre todo amenazar a la autoridad civil".
Asimismo, "ninguna persona está por encima de la ley, por muy alto que sea el cargo que ostente. El deber ciudadano guatemalteco es colaborar con las autoridades y no interferir en las investigaciones que hace PNC", dijo Villeda.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, denunció penalmente por amenazas al alcalde de Moyuta, #Jutiapa. #SeguridadConTransparencia pic.twitter.com/ZmXIfS5O5D
Delito de amenazas
Según lo expuesto, las declaraciones del alcalde Marroquín Fuentes fueron públicas y notorias, y podrían constituir a delito de amenazas, por lo que deben ser perseguidas penalmente. "Se trata de una agresión que no puede quedar impune", subrayó el titular de Gobernación.
Villeda explicó que esta acción busca garantizar la transparencia y el respeto al orden legal, con el objetivo de que se inicien los procedimientos correspondientes para el levantamiento del derecho de antejuicio, permitiendo así que el funcionario pueda ser investigado, procesado y juzgado conforme a la ley.
También, reiteró que este es un precedente para evitar que cualquier persona obstaculice el trabajo de las autoridades de seguridad. A la vez, reafirmó el compromiso con el fortalecimiento del Estado de derecho, asegurando que colaborará plenamente con cualquier requerimiento de información que realicen las autoridades competentes dentro del marco legal.
