MP explica por qué Porras y Curruchiche no llegan al edificio de Gerona

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Desde que se intensificaron las manifestaciones en su contra, no se ha visto a la fiscal general ni al jefe de la FECI en la sede del MP.

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De acuerdo con el Ministerio Público (MP), hasta ahora, no hay "plena certeza de que se ha cumplido con lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad (CC)", por lo cual, hay personal que continúa en teletrabajo.

La fiscal general, Consuelo Porras, y el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, figuran entre quienes realizan sus labores a distancia y continuarán así por un lapso no definido.

La unidad de Comunicación del MP aseguró que el trabajo que corresponde al ente investigador se desarrolla sin interrupción, pero no todos los empleados están llegando a las sedes, incluida la ubicada en el barrio Gerona, en la zona 1.

A decir de la citada dependencia, se retomarán las funciones de manera presencial hasta que se asegure que "no hay riesgo para ningún trabajador". Asimismo, indicó que "hay cuatro sedes tomadas a nivel nacional".

"El trabajo continúa sin interrupción; no obstante, aún hay personas laborando vía teletrabajo, y se estarán reintegrando paulatinamente", reiteró.

Además, en cuanto a las garantías de protección, se refirió a que "los manifestantes han ido a buscar a diversos funcionarios a sus viviendas y hay amenazas en redes sociales. También han publicado direcciones y datos personales".

Tales aspectos forman parte de los análisis de riesgo que efectúa el Departamento de Seguridad de la institución, se hizo ver.

Sobre la resolución de la CC

Cabe recordar que el pasado miércoles 18 de octubre, cuando la CC dio un plazo de seis horas a las autoridades de seguridad del país para liberar los accesos de la sede central del MP, se alcanzó un acuerdo con los manifestantes.

Desde esa fecha, integrantes de organizaciones indígenas, incluidos Los 48 Cantones de Totonicapán, se alejaron unos metros del frontispicio del inmueble, ubicado en Gerona. Mantienen un plantón en las cercanías, pero no afecta el ingreso o egreso a las instalaciones.

Sin embargo, para el MP esto no da certeza de que se haya cumplido con lo que ordenó la Corte. En su resolución, el tribunal planteaba usar la fuerza pública, de ser estrictamente necesario, para desalojar a los inconformes.

Debido a que se estableció una mesa de diálogo y se lograron consensos, la diligencia finalizó, no con un desalojo, sino con la reubicación de los manifestantes.

En aquel entonces, autoridades ancestrales expresaron que seguirían las medidas para pedir la renuncia de Porras, Curruchiche y el juez Fredy Orellana. Asimismo, aseguraron que no se intentó ingresar a ninguna sede del MP, pues las protestas se han realizado afuera de las instalaciones.