La red vial de Guatemala enfrenta un deterioro que afecta la movilidad y la economía del país.
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A pesar de haber sido presentada como una solución clave para mejorar la red vial del país, la Ley de Infraestructura Prioritaria, aprobada en 2024, sigue sin traducirse en cambios visibles, con plazos vencidos y procesos pendientes.
Distintos actores coinciden en que el problema no está en el diseño de la ley, sino en la falta de prioridad para ponerla en marcha. Por ejemplo, el director ejecutivo de Fundesa, Juan Carlos Zapata, sostiene que el incumplimiento responde a una ausencia de compromiso institucional. En su análisis, más que errores aislados, lo que existe es "falta de voluntad sostenida para cumplir con los plazos y disposiciones establecidas", según explicó.
"Aquí lo importante es reconocer que ha existido una indolencia completa por parte del Gobierno de Guatemala para implementar la ley", indicó. Agregó que varios componentes esenciales siguen pendientes. Por ejemplo, no se han trasladado los recursos financieros correspondients, no ha iniciado la evaluación de la red vial y tampoco se ha consolidado una estructura técnica sólida dentro de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP).
A esto se suma la inestabilidad en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) en donde los constantes cambios de autoridades han interrumpido la continuidad de los procesos, así como incumplimiento de etapas esenciales para su ejecución (por ejemplo, la evaluación de la red vial centroamericana que no se ha concretado). El primero de los aspectos mencionados incluso podría ser catalogado como incumplimiento de la ley, según Zapata.
En el ámbito legislativo, el diputado Elmer Palencia, impulsor de la iniciativa en el pleno, coincide en que la normativa tiene el potencial de transformar la red vial, pero su aplicación ha sido mínima. Palencia explica que solo se ha utilizado de forma puntual para atender emergencias, sin avanzar en su implementación estructural.
"La ley está bien hecha, la ley es una gran oportunidad para que la infraestructura más importante del país se pueda recuperar. El problema ha sido falta de voluntad por parte del Ejecutivo", indicó y subrayó que ni siquiera se ha cumplido con la reglamentación, un paso básico para activar cualquier ley. Para él, los argumentos sobre "atrasos administrativos" no justifican la falta de avances, ya que detrás de estos retrasos existe una ausencia de decisiones políticas firmes.
Por su parte, el diputado Jorge Ayala, presidente de la comisión de Economía y Comercio Exterior, explica que la ley fue diseñada como un modelo innovador que requería ajustes institucionales importantes, especialmente para garantizar autonomía técnica y financiera en la ejecución de proyectos. Sin embargo, estos cambios no han sido plenamente comprendidos ni aplicados dentro de las instituciones del Estado.
"Lamentablemente ha habido mucho rezago en la implementación de la ley y eso ha representado que Guatemala no tenga hoy el diagnóstico y el plan para poder avanzar", dijo.
Costos más altos
Según Zapata, a raíz de la problemática vial, la falta de implementación ya genera efectos en la economía. El país enfrenta costos logísticos más altos que el promedio de América Latina, lo que incide directamente en el precio de bienes y servicios. "Guatemala paga 30% más que el promedio de América Latina", afirmó.
Además, la precariedad de la red vial limita la atracción de inversiones y la generación de empleo, sin embargo, existe un rezago estructural, ya el país cuenta con una de las menores extensiones de red vial por habitante a nivel mundial.
Sin embargo, el panorama actual no resulta alentador. Al ser consultado sobre la viabilidad de contar con un plan vial en los próximos 12 doce meses indicó: "Al ritmo que va, todavía no", puntualizó.
La Ley de Infraestructura Prioritaria fue concebida como una herramienta clave para impulsar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos. No obstante, su falta de ejecución evidencia problemas estructurales en la gestión pública. Como menciona Zapata, más allá de la normativa, el país enfrenta un problema de fondo.
Frente a este panorama, los referentes consultados coinciden en que es posible revertir el atraso, pero esto requiere decisiones inmediatas y mecanismos de presión más efectivos. Estas acciones se pueden dividir en institucionales, legales y ciudadanas.
En el plano institucional, se plantea la urgencia de aprobar el reglamento de la ley, un paso que, según Zapata, permitiría agilizar varios procesos técnicos. Asimismo, resulta clave garantizar el traslado de recursos financieros y respetar lo establecido en la normativa sobre la contratación de personal con salarios competitivos. Sin estos elementos, la Dirección de Infraestructura Prioritaria no puede operar con la capacidad técnica que requiere, mencionó.
Palencia ha señalado la necesidad de reactivar el funcionamiento del directorio de la DIPP, lo que implica convocar a las autoridades responsables, principalmente de los ministerios de Comunicaciones, Finanzas y Economía, para que asuman su rol en la implementación de la ley.
En el ámbito legal, tanto Zapata como Ayala coinciden en que podrían impulsarse acciones como amparos ante la Corte de Constitucionalidad para obligar al cumplimiento de la normativa. Además, no descartan la intervención de entidades como la Contraloría General de Cuentas o el Ministerio Público si se confirma un incumplimiento sistemático.
Además, se reconoce que la población, directamente afectada por el mal estado de las carreteras, tiene la capacidad de exigir mayor inversión, transparencia y resultados concretos; especialmente ante escenarios como la época lluviosa, cuando las deficiencias en la infraestructura se vuelven más críticas.
Respecto a las acciones urgentes, mencionan aprobar el reglamento de la ley, garantizar condiciones adecuadas para contratar personal calificado y ejecutar la evaluación de la red vial.
Avances de ejecución
Desde el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), la postura oficial apunta a que la implementación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria sí ha tenido avances, aunque se reconoce que algunos procesos están pendientes.
De acuerdo con el CIV, varios componentes clave de la normativa ya han sido puestos en marcha, como la creación del fondo vial, la integración del Directorio y la utilización de recursos para atender emergencias en la red carretera.
"La Ley de Infraestructura Vial Prioritaria tiene muchos elementos, de los cuales ya se han implementado varios de ellos, por ejemplo la creación de un fondo vial, la conformación del Directorio, el uso de recursos para la atención de emergencias entre otros", se indicó.
En esa línea, se sostiene que, los plazos establecidos en la ley han sido respetados, aunque las autoridades admiten que existen ciertos retrasos puntuales vinculados a trámites administrativos.
El CIV también explica que uno de los procesos que aún no se ha concretado es la aprobación del reglamento de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios. Según detalla, este no depende únicamente de una sola entidad, sino que requiere la participación de varias instituciones dentro de un procedimiento administrativo más amplio, lo que ha incidido en los tiempos.
"Hay algunos que han presentado atrasos administrativos, como la aprobación de un Reglamento de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios, el cual se encuentra sujeto a un procedimiento administrativo en el que intervienen varias instituciones", mencionaron.
En ese sentido, el CIV sostiene que estos retrasos no responden necesariamente a falta de ejecución, sino a la complejidad de los procesos internos que deben cumplirse antes de oficializar ciertas disposiciones mediante acuerdos gubernativos.
Soy502 consultó directamente con el titular de la cartera del Ministerio de Finanzas (Minfin), Jonathan Menkos, para conocer su postura sobre la falta de implementación de Ley de Infraestructura Vial Prioritaria. Menkos indicó que debía revisar el tema con el equipo técnico antes de emitir una respuesta formal. Al cierre de la nota, se está a la espera de la respuesta a las consultas realizadas al Minfin.
Sobre la Ley
La Ley de Infraestructura Prioritaria fue aprobada en noviembre de 2024 mediante el Decreto 29-2024, tras más de seis años de discusión. Su objetivo principal es mejorar las rutas más estratégicas del país, especialmente aquellas por donde circula la mayor parte del comercio.
La normativa contempla la construcción y rehabilitación de hasta 10 mil kilómetros de carreteras, con énfasis en corredores logísticos clave, de frontera a frontera y de puerto a puerto, así como en proyectos de gran escala como anillos periféricos para reducir el tráfico en el área metropolitana.
Para su ejecución, se crearon nuevas entidades como la Dirección de Infraestructura Prioritaria y el Fondo para Proyectos Viales Prioritarios (Fovip), financiado con recursos provenientes de impuestos a combustibles, circulación de vehículos y saldos estatales.
