Una propuesta de ley que favorece a los jubilados del Estado ha generado inconformidades en otros sectores.
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Establecer el 10 de septiembre como día del jubilado del Estado de Guatemala y brindar un nuevo aporte económico a ese sector es el objetivo de una iniciativa de ley que se impulsa en el Congreso de la República.
Elmer Palencia, jefe del bloque Valor, es el principal promotor del proyecto, mediante el cual se brindaría un bono de Q500 a los jubilados, en conmemoración de su día.
De acuerdo con el parlamentario, el objetivo es reconocer el trabajo de las personas que sirvieron durante más de 20 años en diversas entidades gubernamentales. Además, hizo ver que los fondos para cubrir el nuevo beneficio podría salir de los saldos de caja que tiene el Ejecutivo.
La iniciativa fue bien recibida por el Comité por la Dignificación de los Jubilados del Estado y Adulto Mayor (Codijeama). No obstante, también ha recibido críticas por parte de otros sectores que siguen esperando un incremento, como los jubilados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y del Instituto de Previsión Militar (IPM).
Representantes de ambos sectores se han pronunciado en las redes sociales y han pedido la aprobación de los proyectos de ley a su favor en el Congreso.
Diputados benefician a jubilados del Estado
En 2024, el Legislativo aprobó dos normativas que permitieron a los jubilados del Estado incrementar sus ingresos mensuales.
Mediante el Decreto 17-2024, se les brindó un aumento que iba del 8 % al 10 % sobre las pensiones que estaban vigentes durante el segundo semestre de ese año. Posteriormente, los diputados avalaron el Decreto 18-2024, que fijó en el equivalente del salario mínimo el aporte más bajo para los extrabajadores del sector público.
De esa cuenta, desde enero de este año, la pensión más baja para los jubilados del Estado es de Q3,384 y quienes ya ganaban esa cantidad o más recibieron un alza de Q1 mil. Ese mismo beneficio buscan los veteranos militares adscritos al IPM.
Entretanto, para los jubilados del IGSS se plantea un incremento general de Q300 y fijar en Q1,500 las pensiones más bajas, según una propuesta que ya está en análisis.
