Mientras diputados y la CGC advierten riesgos de cierre prolongado y señalan graves irregularidades, la CDAG defiende que actuó conforme a la ley y asegura que la obra no será judicializada tras acordar la rescisión de mutuo acuerdo con la empresa contratista.
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El proceso de remodelación del Estadio Doroteo Guamuch Flores, que debía concluir el 6 de diciembre según el contrato vigente, se transformó en un escenario de acusaciones, decisiones administrativas postergadas, tensiones políticas y denuncias de presunta corrupción.
Durante una citación en el Congreso, cuatro días antes de que finalice dicho contrato, diputados confrontaron a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) por lo que consideran es "un abandono de obra" y una falta de gestión que ha dejado al principal recinto deportivo del país en estado crítico, e incluso, lo califican como "un monumento a la corrupción"
Los diputados Jairo Flores y José Chic insistieron en que la CDAG permitió que la remodelación quedara inconclusa pese a que desde hace meses se advertía atrasos. Para ellos, la institución incurrió en omisiones que favorecieron a la empresa contratista y que desencadenaron la paralización del estadio.
Durante la citación, ambos recordaron que la fecha del 6 de diciembre figuraba como límite contractual y que, pese a ello, no hubo acciones inmediatas para impedir el deterioro del proyecto.
Riesgo de cierre
La Contraloría General de Cuentas (CGC) notificó que prepara acciones legales ante los hallazgos encontrados en la obra y alertó que, si el caso llega a judicializarse, el estadio podría permanecer cerrado entre cinco y seis años, lo que representaría una afectación grave para los deportistas guatemaltecos.
El diputado Chic enfatizó la gravedad del abandono de la obra: "No hay gramilla, no hay pista, no hay estadio". De judicializarse el caso, advirtió, el estadio podría permanecer cerrado entre cinco y seis años, mientras que Flores estimó que "vamos a tener Estadio Guamuch Flores paralizado de 3 a 4 años".
Mientras que la CGC explicó que la institución únicamente puede auditar obras liquidadas y concluidas, aunque sí existe la posibilidad de elaborar un informe sobre lo ya ejecutado; la ley permite "realizar un informe para auditar hasta donde llegaron", pero no una auditoría total sin la finalización del proyecto.
Los documentos del proyecto fueron entregados a la Contraloría antes del vencimiento del contrato. La propia CGC afirmó: "Ya tenemos los hallazgos notificados en relación a estos problemas que estamos viendo... y sí van a haber resultados por parte de la Contraloría. Ahorita estamos en el proceso de notificación y esperamos la discusión por el derecho a la defensa y se tomarán las acciones legales".
Diez oficios ignorados
Durante la citación, los diputados exhibieron diez oficios enviados por los ingenieros de la CDAG a la empresa contratista para alertar sobre atrasos en la obra. Sin embargo, acusaron que ninguna de estas advertencias se tradujo en medidas contundentes.
Uno de los legisladores expresó: "Diez oficios hay donde sus ingenieros le dijeron a la empresa y a ustedes que no se estaban cumpliendo con los renglones". Además, el diputado Chic acusó directamente a los funcionarios al afirmar; "Ustedes dejaron a un país sin estadio".
Los diputados insistieron en que las autoridades actuaron más en función de proteger a la empresa que de defender los intereses de los deportistas guatemaltecos, incluso señalando que retrasaron la rescisión del contrato de manera intencional. Se señaló como posible fraude el hecho de esperar "para rescindir justo antes de que termine el contrato el 6 de diciembre".
Ante la falta de avances, Flores convocó a las autoridades de la CDAG y a la CGC a presentarse en el estadio este 6 de diciembre por la mañana para verificar la situación; "Yo los dejo convocados... para el día sábado a las 10 de la mañana... vamos a llegar, también la bancada para constatar si llevamos la cinta o los cuetes para celebrar y de repente nos echamos una chamusca para ver cómo está la gramilla o nos vamos a empolvar todos".
El estancamiento de la obra
Un arquitecto de la CDAG explicó que el proyecto comenzó a detenerse desde mayo o junio, cuando la empresa dejó de obtener materias primas necesarias: "el proyecto se empezó a estancar prácticamente desde mayo junio cuando ellos ya no lograron obtener las materias primas". Desde entonces, se establecieron mesas de trabajo sin resultados concretos.
Durante la citación, los diputados cuestionaron por qué la CDAG no rescindió el contrato pese a que este permitía la terminación unilateral, especialmente considerando la evidencia acumulada de atrasos.
Leído durante la citación, el contrato establecía: "Terminación: el presente contrato podrá prescindirse total o parcialmente por mutuo consentimiento o darse la resolución unilateral por parte de la confederación sin responsabilidad alguna de su parte, sí a juicio el contratista...".
Para los fiscalizadores, esta falta de acción fue una muestra de protección a la empresa BREMAR, que incluso se ausentó de la citación convocada por el Congreso. Flores lo calificó como "un monumento a la corrupción, una obra abandonada".
"El peor momento histórico del deporte"
El pasado 4 de diciembre la diputada independiente Karina Paz denunció públicamente que la CDAG emprendió acciones legales contra nueve diputados por promover la iniciativa de ley para intervenir el deporte federado.
Relató que durante ocho años de fiscalización ha identificado un entramado irregular dentro del sistema deportivo: "La misma banda criminal está incrustada en todo el deporte y hasta que esta banda criminal no salga de allí; no se va a limpiar el deporte, no va a haber apoyo a los atletas ni mejor estructura y no va a haber mejor gasto público para los recursos del deporte".
Paz mencionó a la Asamblea General de la CDAG de declararlos non gratos: "Nos presentaron solicitud de antejuicio y nos declaran non gratos a 9 diputados que presentamos la iniciativa de Ley". Sin embargo, añadió que "son más de veinte diputados" los que apoyaron la propuesta.
En su discurso, comparó a los directivos deportivos con pandillas criminales; "Aquí existe la Mara Salvatrucha, el Barrio 18 y la Clica del deporte, la peor de todas". Señaló que varios federativos constituyen "los votos duros de esta estructura criminal del deporte".
La diputada afirmó que el país atraviesa el "peor momento histórico del deporte" y que Guatemala no ha construido una gran infraestructura deportiva desde el año 2000. "La CDAG ha gastado este año más de 6 mil millones... y no tenemos ni una piscina nueva ni una sola villa deportiva nueva, ni un estadio nuevo, nada", expresó.
Paz también sostuvo que los atletas temen denunciar abusos por miedo a represalias: "Muchos de ellos no contestan porque tienen miedo a que los dejen sin entrenadores, a que no los convoquen, a que no los manden... a que no les respeten su talento".
En relación con la obra del estadio, la diputada consideró que aún puede salvarse; "Todavía se puede rescatar si la CDAG ejecuta fianzas, cancela el contrato, vuelve a levantar el contrato se lo puede dar a otra empresa, sí se puede. Si ellos quieren lo pueden hacer".
Además, expresó su deseo de que el nuevo contratista tenga experiencia internacional; "Yo quiero una empresa internacional que haya puesto varias gramillas de alto nivel".
CDAG niega judicialización
El 4 de diciembre, la CDAG negó en un comunicado que el estario sea judicializado", explicó los antecedentes del proyecto desde 2021, los procesos de licitación, la adjudicación realizada en noviembre y el avance reportado del 35.43 % y justificó por qué no rescindió unilateralmente el contrato en octubre.
Según el documento, el contratista había presentado un cronograma actualizado que prometía terminar la obra dentro del plazo; además, la Ley de Contrataciones permite continuar los trabajos después del vencimiento con multas, y citó que una terminación unilateral podría derivar en litigios que paralizaran la obra "a largo plazo".
El comunicado detalla que la empresa solicitó una prórroga de 11 meses el 27 de octubre, pero fue rechazada por causas imputables al contratista. Posteriormente, la CDAG notificó que rescindiría el contrato en un plazo de 10 días por no garantizar materiales esenciales.
El comunicado menciona que el 26 de noviembre la CGC recomendó la rescisión de mutuo acuerdo para evitar una judicialización que paralizara el proyecto por años. Finalmente, la empresa solicitó esa modalidad de rescisión comprometiéndose a
- No judicializar el caso,
- No reclamar saldos pendientes,
- Garantizar el 35.43% ya ejecutado mediante fianza el 35.43% durante 18 meses
- Desalojar y limpiar el área de trabajo.
La CDAG afirmó que sus decisiones se tomaron "en estricto apego al principio de legalidad"-
Paz anunció que al menos 24 diputados presentarán 38 querellas "a todos los responsables que firmaron por más mínimo el desfalco nacional", describiendo el caso del estadio como "el acto de corrupción más visto del deporte".
