El expresidente Otto Pérez Molina podría volver a prisión, luego de no pagar la totalidad de la reparación digna establecida por el caso Cooptación del Estado.
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Otto Pérez Molina, condenado a ocho años de prisión por el caso Cooptación del Estado, tenía que pagar Q4 millones en concepto de reparación digna, según la resolución dictada por el juez de Mayor Riesgo B, el 30 de octubre de 2023.
El plazo para que hiciera efectivo el pago de la reparación digna era el 31 de mayo de este año. Sin embargo, no lo hizo, por lo que el juez solicitó a las partes que se pronunciaran al respecto, teniendo como posibilidad revocar las medidas otorgadas con la condena y que el exgobernante vuelva a prisión.
Luego que las partes se pronuncien, el juez, tomará una decisión.
De acuerdo con César Calderon, abogado de Pérez Molina, su cliente hizo el pago parcial de la reparación digna, pues no tiene los fondos para pagarlos Q4 millones, esto se debe a que sus cuentas siguen embargadas.
"La cuenta de salarios no se puede embargar, pero está embargada", manifestó el abogado.
Según Calderon, no hay riesgo que Pérez Molina regrese a prisión, pues a su criterio, sino se puede pagar la reparación digna, lo que corresponde es pagar la conmuta de la pena.
El caso
El 6 de septiembre de 2023, el expresidente Otto Pérez Molina fue condenado a 8 años de prisión, tras declararse culpable en el caso Cooptación del Estado.
El exgobernante se acogió al procedimiento de aceptación de cargos y se declaró culpable de los delitos de fraude, cohecho pasivo y lavado de dinero.
El 30 de octubre de 2023 se desarrolló la audiencia de reparación digna relacionada al caso. El juez de mayor riesgo B resolvió que debe pagar Q4 millones al Estado para reparar los daños ocasionados por su actividad criminal.
Pérez Molina, al salir de la audiencia, aseguró que no tenía el dinero para pagar el resarcimiento.
Según la investigación del MP y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), funcionarios integraron una maquinaria de lavado de activos para captar fondos para la campaña electoral del Partido Patriota en 2011.
La actividad ilícita de estas redes político-económicas se habría gestado y desarrollado durante el gobierno de Otto Pérez Molina. El caso se derivó de la investigación de La Línea y se le denominó Cooptación del Estado.
Tras determinar que el entonces mandatario tuvo participación en tales hechos, se le acusó de fraude, cohecho pasivo y lavado de dinero.
