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Piden a Cámara Penal que conozca pronto caso Melissa Palacios y pase a mayor riesgo

  • Por Dulce Rivera
30 de abril de 2025, 13:29
Autoridades del Instituto de la Víctima junto a familiares de Melissa Palacios en conferencia de prensa. (Foto: Dulce Rivera/Soy502)

Autoridades del Instituto de la Víctima junto a familiares de Melissa Palacios en conferencia de prensa. (Foto: Dulce Rivera/Soy502)

El caso de Melissa Palacios está en suspenso debido a una acción legal. La próxima resolución será clave para el desarrollo del caso 

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El Instituto de la Víctima (IDV), en compañía de familiares de Melissa Palacios, brindaron una conferencia de prensa para ampliar detalles del proceso penal. 

Actualmente, el caso está en suspenso, debido a que la Cámara Penal aún debe resolver la petición del Ministerio Público (MP), que pase a un juzgado de Mayor Riesgo. 

Esta es la segunda vez, que el MP hace la petición, inicialmente la Cámara Penal rechazó la solicitud por considerar que el delito de "homicidio en estado de emoción violenta" no era considerado para un caso de alto riesgo, pero en una apelación, la Corte Suprema de Justicia ordenó que sí conozca la petición. 

Según el Instituto de la Víctima  (IDV), esto se debe a que la calificación jurídica que otorgó el juez de Zacapa, cuando cambió de delito, es algo provisional y acá se deben tomar en cuenta otros aspectos. 

"Esa calificación jurídica no es absoluta, no es definitiva, ni es un monopolio por parte del juez contralor, si él en ese momento considera que los hechos se encuadran en un homicidio en estado de emoción violenta y no en asesinato, esa calificación, según la ley y la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, es una calificación provisional, se enfatiza que no es definitiva y la Corte determina que a la hora que se dicta una sentencia, como los hechos no han cambiado, solo la calificación, el Tribunal a la hora de darle una sentencia condenatoria, puede cambiar el delito, no hay una limitación", dijo Fanuel García, director del área legal del IDV. 

Además, señaló que la Cámara Penal debe analizar todo el caso, pues desde el principio el delito por el que fueron acusados María Fernanda Bonilla y Luis Marroquín, fue asesinato. 

"Bajo esa perspectiva y tomando en consideración que el primer acto de procesamiento cuando se tomó la primera declaración de los sindicados fue por asesinato y tomando en cuenta que tanto el Ministerio Público y el Instituto de la Víctima, insistimos que los hechos encuadran en asesinato y que no existe una limitación para que la Cámara Penal en el uso de la facultad que establece, debe considerar que efectivamente esos hechos pueden ser susceptibles de ser encuadrados en el delito de asesinato, por lo que no debería existir el obstáculo de la calificación jurídica que el juez hizo de manera provisional, para  evitar que efectivamente se traslade a un juzgado de Mayor Riesgo", agregó. 

Por último, el IDV cree que la Cámara Penal debería entrar a conocer el expediente y resolver lo antes posible.

"La Cámara Penal tiene el deber legal y el deber moral y ético de poder resolver de manera rápida, porque una justicia que no se emite pronta, no es justicia, y ya llevamos cuatro años en este proceso, la familia no ha podido cerrar su círculo emocional y psicológico, es deber de la Cámara Penal resolver de manera inmediata y apegado a la ley para considerar que los hechos si se encuadran en el delito de asesinato", finalizó. 

Piden justicia 

El caso de Melissa Palacios inició en 2021, cuando en el 4 de julio de ese año fue reportada desaparecida. Un día después fue ubicado su cuerpo abandonado en Zacapa. 

Desde entonces la investigación arrojó que María Fernanda Bonilla le causó la muerte y que Luis Marroquín le ayudó. 

La Fiscalía contra el delito de Femicidio cuenta con varios indicios en el caso, entre estos un audio, un testigo, así como chats en los que se lee que desde un día antes de los hechos, Bonilla planificó el asesinato de Melissa. 

En el caso de los chats, fue un juez de Zacapa que decidió no tomarlos como indicio y al eliminarlos de la carpeta judicial, fue que modificó el delito y benefició a los acusados. 

El próximo 4 de mayo, familiares y amigos realizarán una caminata en la capital para exigir justicia en el caso y presionar a la Cámara Penal para que resuelva pronto. 

La marcha saldrá del Obelisco hacia la Corte Suprema de Justicia. 

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