El nuevo Gobierno podría contar con "salvavidas" para conseguir los recursos necesarios para ejecutar su plan de trabajo.
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Con la posibilidad de que se tenga que regir por el Presupuesto General de la Nación del ejercicio fiscal 2023, el nuevo Gobierno tendría algún margen para hacer reajustes y reasignaciones, que le permitirían cumplir con su plan de trabajo.
Este es un escenario que diputados del Movimiento Semilla y el propio presidente electo, Bernardo Arévalo, han defendido desde que se conoció el dictamen del techo de gastos para este año y tras la polémica aprobación del Congreso, a finales de noviembre.
Pese al riesgo de quedarse con las manos atadas, con un presupuesto plagado de candados, el alivio para las próximas autoridades llegó con la resolución provisional que emitió la Corte de Constitucionalidad (CC) el pasado 18 de diciembre.
Si esta se mantiene, el gobierno de Arévalo contaría con unos Q118,173 millones para la ejecución de sus políticas y programas en 2024.
La cifra es inferior en más de Q8,000 millones a lo que solicitó el equipo financiero de Semilla durante las discusiones en el Parlamento, pues su propuesta era de Q126,680 millones. Sin embargo, deja abierta la posibilidad de cabildear con la nueva legislatura para lograr una o varias ampliaciones.
Posibles salvavidas
Tales movimientos se podrían conseguir mediante la aprobación de dos iniciativas de ley que se presentaron entre enero y febrero del año pasado en el Congreso, y que, precisamente, tenían como propósito financiar el Presupuesto General de la Nación de 2023.
Se trata de un préstamo por 250 millones de dólares (Q1,955 millones) y otro por 300 millones de dólares (Q2,346 millones), los cuales, en conjunto, equivaldrían a Q4,301 millones.
El primero sería otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y, según la iniciativa 6190 "podrá servir para financiar los gastos presupuestarios del prestatario".
Los términos del segundo crédito aparecen en el proyecto de ley 6197, en el cual se indica que la deuda se contraería con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En el documento se hace ver que tales recursos podrían constituirse en una "fuente de financiamiento que permita liberar la necesidad de colocación de bonos del Tesoro".
Dependen de cabildeos
De acuerdo con los registros de la Dirección Legislativa del Congreso, ambas propuestas cuentan con el dictamen favorable de la Comisión de Finanzas y Moneda, por lo cual están listas para su discusión en el pleno de diputados.
Para que puedan ser incluidas en la agenda de las respectivas sesiones, los diputados del Movimiento Semilla tendrían que buscar acuerdos con las otras bancadas.
Cabe destacar que el nuevo gobierno podría también buscar el aval de otros dos préstamos que la administración de Alejandro Giammattei envío al Legislativo en noviembre pasado.
En la iniciativa 6311 se hace referencia a un empréstito con el BID, por 100 millones de dólares, es decir, Q782 millones, para la implementación de un programa para la expansión de la educación media.
Entretanto, en la iniciativa 6312 se plantean dos préstamos: uno por 100 millones de dólares (Q782 millones) con la Entidad Pública Empresarial del Reino Unido y otro por 75 millones de dólares (Q586.5 millones) con el BID.
En la propuesta se indica que tales fondos servirían para el Programa de Desarrollo del Corredor CA-9 Norte, que iría de El Rancho, en San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, a Teculután, Zacapa.
Ambos proyectos de ley ingresaron al Congreso el pasado 23 de noviembre y aún no son conocidos por el pleno de diputados. De esta cuenta, se prevé que sea la siguiente legislatura quien decida al respecto.
