Diputados consultados señalan que limitar el acceso a redes sociales a menores de edad en Guatemala sería "jurídicamente posible, pero técnicamente complejo".
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Mientras varios países avanzan en regulaciones que buscan limitar o supervisar el acceso a redes sociales a menores de edad, en Guatemala la conversación apenas comienza, marcada por posturas divididas entre la necesidad de protección parental y los límites de la intervención estatal.
Tendencia global
En los últimos años, naciones de Europa, Asia y América han impulsado leyes para restringir o regular el acceso de menores a redes sociales, motivadas por el aumento de problemas asociados a la salud mental, como ansiedad, depresión y conductas autolesivas.
Casos como Australia, que prohibirá el uso de plataformas como Facebook, Instagram o TikTok a menores de 16 años, dan paso a una tendencia que también se extiende a países como Francia, España o el Reino Unido, donde se prioriza la verificación de edad, el consentimiento parental y la protección frente a contenidos nocivos.
En este contexto internacional se plantea una pregunta casi inevitable: ¿puede Guatemala avanzar en una regulación similar?
Guatemala: entre intentos y retos estructurales
En el país, aunque no existe una ley específica que limite el acceso de menores a redes sociales, han surgido iniciativas vinculadas al entorno digital. Una de ellas es la propuesta 6657, que busca sancionar el uso indebido de la inteligencia artificial, especialmente en casos de “deepfakes” (alteración de contenidos con inteligencia artificial) con multas de hasta Q500 mil y penas de prisión.
El objetivo, según su ponente, el diputado del bloque CABAL, Julio Portillo, es proteger a menores y grupos vulnerables ante el uso malicioso de tecnologías. Sin embargo, la iniciativa aún no ha avanzado en el Congreso.
Al mismo tiempo, también se discute la necesidad de regular plataformas digitales, exigir mecanismos de identificación de contenido manipulado y establecer sanciones para empresas que incumplan, aunque hasta el momento no exista una regulación como tal.
División de opiniones
Las opiniones dentro del Congreso sobre el tema de regulación de redes sociales a menores de edad se perciben como un escenario complejo.
El diputado Faver Salazar, del bloque VALOR, subrayó la importancia del análisis sin descartar iniciativas. “Toda iniciativa a priori no es de descartarla, más cuando nacen con buenas intenciones como proteger a los menores”, indicó el legislador.
Desde una postura más crítica hacia la intervención estatal, el diputado Jorge Ayala, también de VALOR, enfatizó el rol de la familia: “No considero en lo particular que deba ser una provisión por parte del Estado. Debe ser una función tecnológica que permita a los padres disponer de restricciones”, además de advertir que la aplicación de una ley sería complicada: "Yo lo veo muy difícil”, expresó.
Enfoque de protección
En contraste, la diputada independiente, Brenda Mejía, plantea una visión centrada en la protección de la niñez frente a riesgos digitales. Señaló que el problema ya es tangible en Guatemala. “Ya empezó. Hay casos en donde utilizan la identidad digital y se empiezan a manipular con la inteligencia artificial”, dijo.
También cuestionó que la responsabilidad recaiga únicamente en los padres. “No es una total responsabilidad de los padres; debe ser una responsabilidad compartida”, al considerar que el Estado debe garantizar mecanismos legales para proteger a los menores.
En ese sentido, propone que el Estado asuma un rol activo mediante:
- Creación de leyes específicas
- Tipificación de ciberdelitos
- Mecanismos de sanción
- Apoyo a víctimas, especialmente en su recuperación emocional y social.
Según indicó Mejía, su enfoque no busca prohibir el acceso de menores a la tecnología, sino protegerlos frente a riesgos concretos como:
- Explotación digital
- Uso indebido de imágenes,
- Contenidos manipulados (deepfakes)
Además, reconoce limitaciones estructurales, como la falta de legislación en ciberdelitos o infraestructura tecnológica, lo que explica por qué las iniciativas aún están en fase de análisis.
Desde la Comisión de la Juventud, el diputado del bloque Vamos, Héctor Aldana, coincide en la complejidad del tema. Asegura que regular es posible, pero no sencillo. “Regular el acceso de menores a redes sociales es jurídicamente posible, pero técnicamente complejo”. expresó.
Advierte que el principal reto está en la naturaleza global de las plataformas digitales, lo que dificulta cualquier control efectivo desde un solo país.
Aldana sostiene que cualquier intento de regulación debe equilibrarse con derechos fundamentales como:
- La libertad de expresión
- El acceso a la información
- Libre desarrollo de la personalidad
Por ello, descarta una prohibición total y propone un modelo progresivo basado en varios pilares:
- Responsabilidad de las plataformas digitales,
- Supervisión parental informada,
- Educación digital,
- Protección frente a contenidos nocivos.
Aldana también identifica obstáculos concretos:
- Limitaciones tecnológicas del Estado para verificar edades,
- Falta de control sobre empresas internacionales,
- Brechas sociales que podrían profundizarse,
- Posibles impugnaciones legales por inconstitucionalidad.
Al final, la postura de Aldana, según lo indicó, más que restringir, se trata de construir un sistema de protección digital integral. Añade que una prohibición total sería poco viable, por lo que propone un enfoque equilibrado que combine supervisión parental, educación digital y responsabilidad de las plataformas.
“Guatemala necesita avanzar hacia una política integral de protección digital de la niñez, pero esta no debe basarse únicamente en restricciones, sino en corresponsabilidad entre Estado, familias, centros educativos y empresas tecnológicas”, enfatizó.
SVET: prevención
En medio de este debate, la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) ha puesto el foco en la prevención.
En un comunicado reciente, la institución alertó sobre los riesgos del uso temprano de tecnología sin supervisión: "El acceso temprano y sin supervisión a internet también incrementa los riesgos de exposición a delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas”, advierte la entidad.
Danissa Ramírez, directora de SVET, señaló que la problemática requiere una visión más amplia, basada en la experiencia institucional frente a delitos cometidos en entornos digitales. "Creemos nosotros que el país requiere, para abordar estos problemas de explotación sexual infantil en línea, medidas integrales".
En ese sentido, Ramírez subrayó que el rol de las familias sigue siendo clave, aunque no exclusivo. "Se requiere que sigamos trabajando más en motivar a los padres de familia, responsables del cuidado de la niñez y la adolescencia", indicó, al recordar que en muchos casos los menores no están únicamente bajo el cuidado de sus padres, sino de otros miembros del hogar.
Sin embargo, también enfatizó que el Estado debe asumir un papel activo. "Creemos que es importante que el Estado pueda ir analizando la regulación e implementación de nuevos mecanismos que regulen el uso de las tecnologías de la información", afirmó.
Uno de los principales riesgos identificados por la institución es el acceso sin supervisión a dispositivos digitales.
Según explicó, en muchos casos los teléfonos o equipos están configurados para adultos, pero terminan en manos de menores. "Ahí es donde vemos cómo esta niñez y adolescencia tiene acceso a contenido que no necesariamente está creado para ello", advirtió.
Eje principal
Más allá de una posible ley, SVET insiste en que la prevención debe ser el eje principal de cualquier iniciativa. La funcionaria destacó la importancia de informar tanto a menores como a adultos sobre los riesgos en internet. También detalló impulsa estrategias, guías y plataformas informativas para alertar sobre delitos como grooming o sextorsión.
Además, hizo énfasis en la importancia de fortalecer las capacidades institucionales y ciudadanas. "Es importante que la población conozca, que guarde mensajes, fotografías o situaciones que los ponen en riesgo", explicó, al referirse a la necesidad de contar con pruebas en casos de delitos digitales.
En esa línea, SVET participa en espacios interinstitucionales donde se articulan esfuerzos con entidades públicas, organizaciones y cooperación internacional para generar propuestas orientadas a la protección digital.
Regulación no aislada
Ramírez considera necesario seguir avanzando en regulación, pero sin perder de vista el enfoque preventivo. "Estamos analizando nuevas tendencias para proponer cambios en regulación que permitan generar más escudos ante el mal uso del internet", indicó.
Además, insistió en que la responsabilidad no debe recaer únicamente en los menores. "No puede recaer únicamente en el niño o adolescente la responsabilidad del cuidado", subrayó, al mencionar que este compromiso debe involucrar a familias, centros educativos, instituciones públicas e incluso al sector privado.
