El dictamen favorable busca fortalecer legal y operativamente a la PNC para proteger a sus agentes.
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Las comisiones de Gobernación, Reformas al Sector Justicia y Asuntos de Seguridad Nacional emitieron este 3 de diciembre un dictamen favorable con modificaciones, a la iniciativa que plantea la aprobación de la Ley de Reformas al Sector Justicia para la Protección Ciudadana.
La propuesta busca fortalecer el trabajo de la Policía Nacional Civil (PNC) en los ámbitos financiero, legal y operativo, especialmente en lo relacionado con protocolos de actuación que permitan a los agentes desempeñar sus funciones con respaldo jurídico.
Según los integrantes de las comisiones, la iniciativa surge ante la necesidad de proporcionar a los policías herramientas normativas claras que regulen su accionar y eviten que, en el cumplimiento de su deber, enfrenten procesos penales injustificados.
Delegados de la PNC participaron en mesas técnicas con las comisiones legislativas, para exponer la falta de protocolos específicos para atender situaciones criminales, mencionando que actualmente predominan lineamientos de mediación comunitaria, y la urgencia de contar con un marco que regule el uso gradual de la fuerza.
La propuesta establece cinco niveles:
- Presencia policial,
- Verbalización,
- Control físico,
- Fuerza no letal
- Fuerza potencialmente letal.
Estos lineamientos serían incluidos en un nuevo protocolo de criminalidad aplicable tanto a la PNC como al Sistema Penitenciario.
Además, la iniciativa incorpora reformas al Código Penal, en particular al artículo 24 sobre causas de justificación, con el fin de brindar certeza jurídica a los agentes cuando actúen conforme a los protocolos y en defensa de la seguridad, la libertad y la propiedad de la población.
Aunque se aclara que las investigaciones seguirán su curso cuando existan denuncias, los policías podrían acceder a medidas sustitutivas si un juez determina que hubo un exceso en el uso de la fuerza.
Beneficios
Otro de los ejes del proyecto es el fortalecimiento presupuestario de la PNC.
Las comisiones proponen un incremento del 20% destinado a tres áreas; capacitación y entrenamiento continuo, adquisición de equipo e insumos, y otros requerimientos operativos.
Se destacó que muchos agentes no reciben formación adicional después de egresar de la academia, por lo que la profesionalización constante se considera prioritaria.
Con estas reformas, los diputados buscan mejorar el marco legal y operativo de la PNC, de modo que los agentes puedan cumplir con sus funciones de seguridad ciudadana con mayor respaldo institucional y mejores condiciones de trabajo.
Un avance significativo
El diputado Álvaro Arzú, del partido Unionista, manifestó su respaldo al dictamen favorable y dijo que representa un avance significativo para el sistema de justicia y para la ciudadanía.
Arzú señaló que "la intención es fortalecer el actuar de la PNC, financiera, legal y jurídicamente para que ellos tengan claros los protocolos de actuación".
De acuerdo con el legislador, una correcta comprensión de estos procedimientos permitirá que los agentes ejecuten su labor con mayor seguridad, reduzcan riesgos y cuenten con el respaldo legal necesario.
El diputado añadió que "sucede en muchas ocasiones en las que ellos actúan y muchas veces son ellos los que terminan presos o con problemas legales y no los delincuentes contra los que ellos actuaron". Por ello, destacó que la iniciativa beneficiaría a los más de 60 mil agentes de la PNC desplegados en todo el país.
Esta iniciativa fue trabajada por tres instancias legislativas; la Comisión de Gobernación, la Comisión de Seguridad Nacional y la Comisión del Sector Justicia, esta última integrada por Arzú.
Iniciativas 2026
Arzú informó que, dentro de esta misma comisión, se avanza en otra propuesta relacionada con la regulación de la prisión preventiva.
Según explicó, se trata de un tema complejo que ha enfrentado dificultades para su desarrollo, aunque ya cuenta con una base sólida. El objetivo, indicó, es garantizar el respeto al principio de presunción de inocencia y evitar el uso excesivo de la prisión preventiva en ciertos casos.
Arzú añadió que existen dos iniciativas adicionales vinculadas al combate de maras. Tras la aprobación del Decreto 11-2025, ambas serán sometidas a revisión para determinar si mantienen su pertinencia o deben descartarse.
