Los abogados de Luis Pacheco y Hector Chaclán, exdirigentes de los 48 Cantones, presentaron un amparo en contra de la resolución de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones.
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El 25 de abril pasado, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exdirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, quedaron ligados a proceso penal por los delitos de terrorismo y obstaculización a la acción penal, acusados por el Ministerio Público (MP) de liderar las manifestaciones y bloqueos de octubre de 2023.
La Fiscalía contra el Crimen Organizado a cargo del caso, apeló lo anterior ante la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones, debido a que la jueza Carol Patricia Flores, quien conoció la audiencia de primera declaración, solo les ligó a proceso penal por esos dos delitos, pese a que solicitaron que fuera por cinco imputaciones.
Al respecto, la Sala otorgó la apelación y agregó el delito de "asociación ilícita" en contra de los acusados y ante esta resolución, los abogados de Pacheco y Chaclán presentaron un amparo para revertir al fallo original, pues este mes se debe presentar el acto conclusivo en contra de los acusados.
"Vinimos a presentar un amparo, lamentablemente, el proceso se encuentra bajo reserva. (Ellos) fueron ligados a proceso por dos delitos, pero el MP presentó una apelación para que les agregaran otro, y estamos acá porque estamos en desacuerdo de la resolución de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones", dijo una de las abogadas.
El caso
La Fiscalía contra el Crimen Organizado acusó a Pacheco y Chaclán de liderar las manifestaciones y bloqueos de octubre de 2023, los cuales se hicieron para "defender la democracia" y protestar contra Consuelo Porras.
"Los sindicados probablemente participaron en acciones que podrían haber interferido intencionalmente y vulnerado el correcto funcionamiento del sistema de justicia. Esas acciones ocurrieron de octubre de 2023 a enero de 2024", explicó el MP durante la captura de Pacheco y Chaclán.
Mientras tanto, durante la imputación de los hechos en la audiencia de primera declaración, la Fiscalía contra el crimen organizado reprodujo escuchas telefónicas y también mostró fotografías en donde los acusados aparecen en las protestas registradas en octubre de 2023.
La jueza resolvió ligarlos a proceso penal por los delitos de terrorismo y obstaculización a la acción penal y en su argumentación, expuso que se puso en riesgo la vida de guatemaltecos con las manifestaciones al impedir el paso de ambulancias, también se afectó la economía porque productos perecederos no pudieron pasar y también se limitó el trabajo del MP.
Además, la jueza resolvió falta de mérito para los delitos de asociación ilícita y sedición. El delito de obstrucción a la justicia, queda subsumido en obstrucción a la acción penal.
