Para la justicia de Guatemala esta semana es crucial, decisiva.
El miércoles es la vista pública donde se determinará, en buena medida, el curso que deberá seguir el proceso de elección y nombramiento de magistrados de Salas de Apelaciones y Corte Suprema.
Por primera vez en la historia del país, ha quedado claro que la forma en que estamos acostumbrados a designar a las más altas autoridades del Organismo Judicial está podrida y viciada.
No sirve. Eso es incontestable.
Pese a ello, lo que se escucha por todos lados es que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no tomarán una decisión contundente, sino que emitirán un fallo “gallo gallina” con el que buscan salvar cara.
El caso, ciertamente, es difícil desde el punto de vista político y jurídico. Pero los abogados en Guatemala han encontrado soluciones “creativas” para casos que a primera vista parecían aún más complejos.
El asunto de fondo, como casi siempre, depende de nuestra voluntad de buscar un cambio.
A grandes males, reza el dicho, grandes soluciones. Las habría si quisiéramos, si en realidad nos asqueara la situación actual, si la impunidad no fuera el aceite que mantiene los engranajes del sistema político y las palancas del poder.
La oportunidad histórica para buscar una reforma auténtica del sistema está ahí. ¿La tomaremos?
El destino de la nuestra administración de justicia descansa en manos de los magistrados que habrán de conocer y fallar: en su conciencia queda si les podrán decir a sus hijos y nietos, a las futuras generaciones, que llevaron la lucha hasta el final o quebraron la cintura por comodidad, por evitar hacer olas, por no complicar las cosas ni herir susceptibilidades.
Sin duda, empujar una reforma conlleva riesgos. Pero más peligroso es seguir como hasta ahora: sabiendo que la situación es insostenible y no hacer nada, esperando que algo, quien sabe qué o quién, surja de la nada para rescatarnos en el último minuto.
Nadie vendrá a salvarnos: o nosotros optamos por sobrevivir y huir hacia delante o sucumbimos en el abismo que se abre bajo nuestros pies.
Una cosa puedo decirles: durante este proceso de designación de cortes, el descaro, la desvergüenza en el tráfico de influencias y la cooptación de las instituciones se llevó al límite.
Se llegó al colmo del chantaje abierto y la extorsión pura y dura.
Como suele decir un amigo, el ladrón la primera vez que opera usa máscara negra, zapatos de goma y guantes de látex. Procede en sigilo. Cuando repite sus fechorías una y otra vez y nadie lo detiene, toma confianza y se relaja. Así, llega el momento en que parte la puerta a patadas, quiebra los vidrios y sonríe ante las cámaras de seguridad.
Así pasó en esta elección. Un ex presidente del Congreso tuvo la osadía de ir, en persona, apoyado con un abogado del partido oficial, a presionar a una magistrada para ofrecer la reelección a cambio de un fallo favorable.
Esa denuncia, la de la magistrada Claudia Escobar, es la única con la que contamos a las claras pero sabemos que en el proceso ocurrieron ilegalidades aún más infamantes. Que hubo quienes pidieron hasta Q50 mil por la reelección, como si fueran los papás de los pandilleros.
¿Así queremos que se conformen nuestras instituciones? ¿Qué las manejen las mafias?
Los magistrados deciden. Podemos bajar la cabeza, diciendo que administrar un verdadero remedio se vislumbra “complicado”. Sí…complicado es. Pero mucho me temo que si no lo hacemos ahora, el sistema sucumbirá en el mediano plazo.
Lo he dicho varias veces: el país no aguanta con otra elección de cortes como la que vivimos en las semanas pasadas.
En su consciencia queda.
