Recientemente se hizo bastante publicidad a los resultados que obtienen los estudiantes que se gradúan en el nivel diversificado en la región metropolitana. El alboroto se armó y todos los padres querían saber la ubicación del establecimiento educativo de acuerdo a los resultados de matemáticas y lectura del centro al que asisten sus hijos.
Se fueron todos parejo: muchos con resultados mediocres, tanto en el sector público como en el privado. Se evidenció que más allá de las responsabilidades que se atribuyen al estado acerca de los bajos resultados y la desconexión de la formación de jóvenes para el mundo del trabajo, se está permitiendo que el sector privado no alcance estándares mínimos de competencias en lectura y matemáticas. Y aunque las reacciones fueron diversas, la polémica se apagó luego de un par de programas televisivos, notas de respuesta o crítica y aclaración. De parte de muchos, quedamos tranquilos si encontramos los establecimientos educativos con los que nos identificamos.
A todos los escandaliza que solamente 24 de cada 100 estudiantes que finalizaron el diversificado a nivel nacional alcancen niveles satisfactorios en lectura, y peor aún que sólo 7 de cada 100 lo hagan en matemáticas.
Pero pocos de nosotros conocemos los inquietantes resultados del Estudio Internacional de Formación Ciudadana y Educación Cívica (ICCS) en donde participó Guatemala. Esta investigación evaluó a una muestra representativa de estudiantes a nivel nacional, tanto de establecimientos públicos como privados, que cursaban el ciclo básico con un promedio 15,5 años. En la misma se encontró que más del 75% de los estudiantes están de acuerdo con afirmaciones como “las dictaduras se justifican cuando traen orden y seguridad”, o que se “justifican cuando traen beneficios económicos”, representando el porcentaje más alto comparado con Chile, Colombia, República Dominicana, México y Paraguay. El informe regional de resultados de esta prueba encontró que los estudiantes que concuerdan con este tipo de afirmaciones anti democráticas fueron aquellos que tuvieron niveles más bajos de conocimiento cívico.
Y acá es donde se pone más duro reconocer que en relación al conocimiento cívico evaluado por el ICCS Guatemala obtuvo resultados que lo colocaron en el puesto 33 de 36 países evaluados. Solamente dos de cada cinco estudiantes guatemaltecos demuestran familiaridad con los principios democráticos de equidad, cohesión y libertad aplicados a situaciones de la vida diaria. Sólo uno de cada cinco estudiantes muestra familiaridad con los conceptos de democracia participativa, o el rol de los ciudadanos en procesos electorales democráticos, así como la influencia de la ciudadanía activa más allá de la comunidad local.
Esto aunado a la poca confianza en el gobierno se traduce probablemente en estar de acuerdo con que “los ciudadanos deben organizarse para castigar a los criminales” (66% de acuerdo) o que “es justificado golpear a alguien que comete un delito contra mi familia” (49% de acuerdo). Urge entonces preguntarse: ¿estamos sembrando la convivencia ciudadana?
Es claro que el elemento que falta en la discusión de la agenda educativa en Guatemala es recuperar el rol que comparten la familia y los establecimientos educativos para generar competencias y así sembrar y fomentar el fortalecimiento de la democracia. No podemos olvidar el valor de la educación cívica y ciudadana si deseamos el desarrollo de una sociedad más democrática.
