Según la SIB, postergar la aprobación de la iniciativa 6593 podría afectar al país con tener menos acceso a financiamiento externo.
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La Superintendencia de Bancos (SIB) advirtió sobre la urgencia de aprobar la iniciativa de ley 6593, que dispone aprobar la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, luego de que la Comisión de Economía del Congreso pospusiera su dictamen.
Soy502 requirió a la SIB cinco dudas que surgen alrededor de la propuesta de ley, considerada clave para fortalecer el sistema antilavado de Guatemala de cara a la Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera (GAFI) prevista para 2027.
1. ¿Qué implicaciones tiene el retraso del dictamen frente a la evaluación internacional?
La Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera (GAFI) tiene dos componentes:
a. El cumplimiento técnico, el cual analiza si el país cuenta con los requisitos que establecen las 40 Recomendaciones del GAFI, y
b. La efectividad, que mide si el sistema antilavado de dinero u otros activos, contra el financiamiento del terrorismo y contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva funciona en la práctica y produce resultados verificables.
En ese sentido, la metodología del GAFI exige demostrar implementación real por parte del país, tales como las investigaciones iniciadas, casos judicializados, sanciones aplicadas y cooperación internacional operativa. Por ello, si una reforma legal, se aprueba muy próxima del inicio de la evaluación mutua, el país no contará con tiempo suficiente para demostrar resultados de efectividad asociados al nuevo marco legal, lo cual podría impactar en el resultado de la evaluación.
En ese contexto, resulta indispensable que la Iniciativa de Ley sea aprobada a la mayor brevedad posible. Asimismo, es fundamental que el Organismo Ejecutivo conozca y apruebe la consecuente propuesta de reglamento técnico que hará la Superintendencia de Bancos a través de la Intendencia de Verificación Especial.
2. ¿Qué cambios propone la iniciativa 6593?
La Iniciativa de Ley 6593 no propone simplemente cambios mínimos o ajustes cosméticos, sino que constituye una
reforma integral y una actualización profunda del sistema preventivo y represivo guatemalteco en materia del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Esta iniciativa busca actualizar la normativa vigente, la cual ya cuenta con 25 años de antigüedad.
Para que esta actualización integral sea efectiva y exitosa en la evaluación de GAFILAT de 2027, la implementación debe fortalecerse bajo los siguientes pilares técnicos:
- Supervisión Basada en Riesgo -SBR-;
- Inclusión de Sectores de Alta Vulnerabilidad (tales como notarios y proveedores de servicios de activos virtuales);
- Transparencia del Beneficiario Final;
- Régimen Sancionatorio Proporcional;
- Actualización de los tipos penales de LD/FT; e,
- Implementación de mecanismos para la efectiva aplicación de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Por lo anterior es importante recalcar que la iniciativa de ley 6593, al ser un marco legal integral, es necesario que sea aprobada en su totalidad.
3. ¿Es negociable incluir a abogados y notarios como sujetos obligados?
La inclusión de los Abogados y Notarios como Personas Obligadas (PO) no es un punto negociable desde la perspectiva técnica, ya que constituye un requisito imperativo de los estándares internacionales.
El Informe de Evaluación Mutua de Guatemala, publicado en el año 2016, así como los ejercicios de Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) han identificado a estos profesionales con un nivel alto de vulnerabilidad al lavado de dinero, por lo que su exclusión impactaría en la calificación de cumplimiento de los estándares por parte de Guatemala.
Según el enfoque técnico, esta medida responde a estándares internacionales y no es negociable, aunque prevé obligaciones proporcionales según el tipo de actuación profesional.
Para no afectar la calificación de efectividad en 2027, la iniciativa de ley propone un régimen de sujeción proporcional, donde el profesional solo asume obligaciones preventivas cuando autoriza actos profesionales, como la compraventa de inmuebles o la constitución de sociedades. Este diseño técnico permite cumplir con el estándar internacional sin desnaturalizar la función notarial.
4. ¿Qué información se maneja en esta fase preparatoria por parte de GAFI?
Al momento, ni el GAFI ni el GAFILAT han requerido información en el marco de la Evaluación Mutua; sin embargo, previamente al inicio de la misma (febrero 2027), Guatemala está en una fase preparatoria, para lo cual se encuentra recopilando información de manera anticipada, que incluye principalmente, lo relacionado con el marco jurídico, los medios coercitivos aplicables, medidas preventivas aplicadas por las Personas Obligadas, facultades y procedimientos de las autoridades competentes, así como la evaluación del marco institucional en su conjunto.
En cuanto a hacer pública la información recopilada por todas las partes involucradas y que será útil para sustentar la evaluación, la metodología del GAFI establece que la referida información debe mantenerse en carácter reservado hasta la finalización del proceso y la posterior publicación del Informe de Evaluación Mutua.
5.¿Qué riesgos enfrenta el país si la reforma no avanza?
Si la Iniciativa de Ley no se aprueba con la urgencia necesaria, el país podría ver afectado su nivel de cumplimiento frente a los estándares internacionales. Esto incrementaría el riesgo de ser incluido en los listados de países no cooperantes (lista gris del GAFI), lo que deterioraría la confianza internacional y podría traducirse en la pérdida o restricción de corresponsalías bancarias, así como en mayores costos para realizar operaciones internacionales, afectando directamente exportaciones, importaciones y remesas.
En consecuencia, las transacciones se volverían más lentas, más costosas y operativamente más complejas, impactando a empresas, usuarios y sectores que dependen del comercio y de flujos financieros internacionales.
Aprobación viable
Por su parte, el diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso, consideró que aún es viable que la ley esté vigente antes de la evaluación internacional, siempre que el proceso legislativo no se extienda más allá de abril. "Yo creo que sí, siempre y cuando saquemos la ley o antes de Semana Santa o las primeras dos semanas después", afirmó.
Explicó que el reglamento contempla un período de implementación de seis meses y que buena parte de los ajustes serán de carácter administrativo y operativo, por lo que "la ley estará vigente, será un tema de la velocidad con la que implemente la Superintendencia de Bancos".
Estrada advirtió que si la aprobación se posterga hasta después de marzo o abril y coincide con el receso legislativo, el país podría quedar fuera de tiempo. Sobre los riesgos, señaló que la reforma se aprobará "ahorita o dentro de dos años", pero que hacerlo más adelante implicaría condiciones más estrictas.
"Dentro de dos años lo vamos a sacar con otro montón de controles, exigencias, castigos, embargos e instituciones puestas bajo vigilancia especial", expresó. Agregó que el impacto podría sentirse en la funcionalidad diaria del sistema financiero, afectando transferencias internacionales, créditos y líneas de financiamiento.
Estrada también defendió que el texto discutido aporta mayor certeza jurídica. "Se ha avanzado bastante con un documento muy positivo, que da más certeza jurídica, menos posibilidad de persecución arbitraria y más control sobre los verdaderos criminales", indicó.
Según explicó, la iniciativa busca reducir discrecionalidades en la aplicación del delito de lavado de dinero y ajustar el régimen de multas para evitar sanciones desproporcionadas. "Ahorita estamos a tiempo de pasarlo por las buenas, después lo vamos a pasar igual por las malas y más", concluyó.
