Autoridades señalan que casos ocurridos recientemente son hechos aislados.
OTRAS NOTAS: Cámara de seguridad delata a delincuentes en zona 1
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, aseguró que las fuerzas de seguridad mantienen una estrategia de vigilancia constante en el Centro Histórico de la ciudad.
Durante la conferencia de prensa La Ronda, el funcionario fue consultado sobre el incremento de hechos criminales en la zona 1 capitalina y las acciones implementadas por las autoridades para responder a esa situación.
"Mantenemos una estrategia de vigilancia constante en el centro histórico de la capital, a manera de hacerlo lo más seguro posible", afirmó Villeda Sandoval,
El funcionario sostuvo que los casos recientes son "hechos aislados" que han recibido una reacción inmediata por parte de la Policía Nacional Civil (PNC).
Como ejemplo, mencionó el caso de una persona de la tercera edad que fue víctima de un asalto en el sector y según indicó, los presuntos responsables fueron detenidos poco después del hecho y consignados a los tribunales correspondientes.
El ministro explicó que la labor de las fuerzas de seguridad se enfoca tanto en la prevención como en la persecución del delito cuando este ya ha sido cometido.
En ese contexto, también reconoció que el Parque Central ha sido utilizado durante años para actividades vinculadas al narcomenudeo y al consumo de marihuana.
LEA MÁS: ¡Disparos! Ataque armado deja dos heridos en zona 1
"No ha sido un secreto que durante mucho tiempo el Parque Central se ha convertido en un lugar donde muchas veces se presta para el tema del narcomenudeo o para el consumo de marihuana", expresó el funcionario.
Señaló que las autoridades han realizado capturas y consignaciones de personas vinculadas a estas actividades, sin embargo, indicó que existe una dificultad legal debido a la forma en que algunos casos son tipificados por los tribunales.
De acuerdo con el ministro, en varios procesos los jueces califican las conductas como posesión para el consumo, un delito que contempla penas de entre uno y tres años de prisión y que permite la aplicación de medidas desjudicializadoras.
