Hace un año se concretó el controversial aumento salarial de los diputados al Congreso al pasar de Q29,150 a Q66,300.
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Este 26 de noviembre se cumple un año desde que 88 diputados del Congreso aprobaron en los primeros minutos de ese día un aumento salarial mensual, mismo que fue incluido en el acuerdo que dio vida al presupuesto de dicho organismo.
Ese día, el Congreso aprobó el Acuerdo 31-2024, que autorizó un presupuesto de Q1,464.6 millones para su funcionamiento durante 2025. Ese monto cubriría gastos de arrendamientos, reparaciones, seguros y otros compromisos operativos, además de la planilla del personal legislativo.
El incremento se autorizó mediante una enmienda añadida al presupuesto. Esta modificación estableció que los diputados recibirían un salario similar al de un magistrado de la Corte de Apelaciones; es decir, el salario pasó de Q29,150 a Q66,300 con dietas y otros beneficios incluidos.
La enmienda se presentó apenas minutos antes de la votación final del presupuesto general del Estado para 2025 y fue respaldada por más de 75 diputados, aunque muchos evitaron firmarla con su nombre visible.
El presupuesto también asignó más de Q722 millones al renglón de servicios personales, que incluía salarios, dietas, bonos y otros beneficios tanto para diputados como para trabajadores administrativos, mismos que se mantuvieron los últimos meses.
El ajuste buscaba cumplir con el compromiso de aplicar un incremento del 10% al personal con plazas fijas cuyos ingresos no alcanzaban el salario base de un diputado.
Aproximadamente 1,150 empleados recibirían este beneficio, según datos del portal de transparencia del Legislativo, mientras que 96 trabajadores quedaron fuera por percibir sueldos entre Q29,150 y más de Q77,000. Este aumento formó parte del pacto colectivo vigente.
Otras asignaciones del presupuesto
Además, el Congreso incluyó Q247 millones en Asignaciones Globales, recursos que, según explicó en ese momento el presidente del Congreso, Nery Ramos, estaban relacionados con gastos institucionales.
En un inicio se estimaba que parte de estos fondos se destinaría a la posible compra de un edificio propio para centralizar oficinas que actualmente operan en inmuebles alquilados. Además, Ramos aclaró que no se trató de un incremento presupuestario, sino de la legalización de ahorros acumulados.
A un año del aumento salarial, las impugnaciones más conocidas siguen sin resultados. Aunque distintas organizaciones y figuras políticas presentaron más de un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), ninguno obtuvo un fallo favorable.
Uno de los esfuerzos fue el de Acción Ciudadana (AC), organización que presentó varias acciones constitucionales con la intención de dejar sin efecto el aumento, sin embargo, la CC rechazó una debida ejecutoria presentada por la entidad, argumentando que la organización no señaló correctamente el acto administrativo específico que debía impugnarse.
Esta omisión impidió que la Corte otorgara un amparo provisional y, por lo tanto, permitió que el aumento siguiera vigente.
Aunque el recurso no prosperó, AC insistió en que el proceso mediante el cual se aprobó el incremento careció de claridad y de justificación técnica. Además, señaló que el beneficio económico resulta injustificado en un contexto de altos niveles de pobreza y desconfianza institucional.
Impugnaciones de políticos
Otro de los casos de mayor notoriedad fue promovido por el partido Visión con Valores (VIVA) por medio de su secretario general, Armando Castillo, quien también presentó más de una acción constitucional.
En uno de sus amparos, Castillo cuestionó directamente el mecanismo utilizado por la Junta Directiva para formalizar el aumento, señalando específicamente el Acta 21-2025, documento con el cual se ejecutó lo aprobado en el Acuerdo Legislativo 31-2024.
La CC analizó este planteamiento en un pleno convocado y decidió denegar la medida provisional solicitada, aunque la magistrada Leyla Lemus manifestó su desacuerdo con un voto razonado.
Los argumentos de VIVA señalaban que el aumento no fue debidamente discutido, que no existían estudios técnicos que lo respaldaran y que su aprobación se realizó sin la transparencia debida. Pese a ello, la Corte concluyó que el recurso no cumplía los requisitos para una protección inmediata.
La resolución dejó vigente el aumento, aunque su aplicación fue posteriormente suspendida por decisión administrativa del Congreso.
Otro intento formal desde el propio Congreso fue presentado por el diputado José Chic, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS). El congresista propuso un acuerdo legislativo para derogar en su totalidad el punto del Acuerdo 31-2024 que estableció el nuevo salario para los diputados.
"Histórico y descomunal"
El analista y politólogo Renzo Rosal calificó el incremento como uno de los hechos más controvertidos y negativos de la actual legislatura.
Rosal explicó que el aumento, calificado como "histórico y descomunal", se convirtió en un símbolo del actuar del Congreso. Recordó que, aunque algunos legisladores manifestaron públicamente su rechazo en aquel momento e incluso aseguraron que harían lo posible por revertir la decisión, en la práctica "terminaron aceptándolo", ya fuera por silencio o por otras consideraciones políticas.
El analista añadió que con la aprobación del Presupuesto General un año después, el beneficio quedó plenamente consolidado, cerrando cualquier posibilidad real de revertirlo.
Según Rosal, esta acción evidencia uno de los rasgos "más adversos y negativos" que marcarán la historia del organismo legislativo y afirmó que la decisión constituye un acto de "descaro", pues los diputados aprovecharon el marco legal para tomar medidas que, aunque permitidas por la normativa, resultan autoritarias y contrarias al interés público.
Finalmente, explicó que este caso es un ejemplo del fenómeno que él denomina "autoritarismo legislativo", referido al uso del poder y los mecanismos legales por parte de los diputados para beneficiarse a sí mismos.
