Arévalo asegura que la construcción no se detendrá pese a la suspensión judicial.
ARTÍCULO RELACIONADO: Sala de Izabal suspende construcción de "El Triunfo" por riesgos de inundación
El presidente de la República, Bernardo Arévalo, se pronunció luego de que una Sala de la Corte de Apelaciones de Izabal ordenara la suspensión provisional de la construcción de la cárcel de máxima seguridad "El Triunfo", en el municipio de Morales.
En ese contexto, el mandatario defendió la iniciativa y aseguró que su gobierno mantiene el compromiso de fortalecer el sistema penitenciario en el país.

"En 40 años, ningún gobierno quiso asumir la responsabilidad de invertir en infraestructura penitenciaria. Nosotros haremos la primera cárcel de máxima seguridad: El Triunfo", expresó desde la red social X.
Arévalo también vinculó la oposición al proyecto con estructuras criminales.
"Siempre hemos sabido que las redes del narcotráfico local se iban a oponer a una cárcel que implica la presencia de fuerzas de seguridad que obstaculizarán sus operaciones", afirmó, al tiempo que señaló que estos grupos ya estarían evidenciando a sus operadores.
Pese al freno judicial, el presidente fue enfático en que el plan no se detendrá.
En 40 años, ningún gobierno quiso asumir la responsabilidad de invertir en infraestructura penitenciara. Nosotros haremos la primera cárcel de máxima seguridad: El Triunfo.
Siempre hemos sabido que las redes del narcotráfico local se iban a oponer a una cárcel que implica la… pic.twitter.com/rdiGE4QfzD
Frenan construcción
La decisión judicial se dio apenas un día después de que iniciaran los trabajos, el pasado 27 de marzo. La resolución responde a un amparo provisional que deja en suspenso de forma inmediata el proyecto, mientras se analiza el fondo del caso.
En el amparo se advierte un posible riesgo por la ubicación del proyecto. Según la Sala, la cercanía con una de las áreas más grandes del municipio podría implicar peligro de inundaciones, lo que obligaría a traslados de emergencia de privados de libertad y pondría en riesgo tanto a la población como a los reclusos, además de posibles vulneraciones a derechos constitucionales.




