Los equipos técnicos no recomendaron modificar los artículos relacionados con la autonomía y tipificación del delito de lavado de dinero y advirtieron que podrían afectar la autonomía del delito incorporada en las reformas de 2010.
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La discusión de la nueva Ley contra el Lavado de Dinero y otros Activos gira en el Congreso entorno a los artículos 73 y 74 se han convertido en los principales puntos de desacuerdo entre algunas bancadas y los equipos técnicos que analizan la iniciativa 6593.
Durante las últimas reuniones de la Instancia de Jefes de Bloque, la Comisión de Economía, representantes de la Superintendencia de Bancos (SIB) y de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), revisaron las ocho enmiendas pendientes presentadas en el Pleno por distintas bancadas el martes 12 de mayo.
Sin nuevas enmiendas
La discusión avanzó el pasado lunes 1 de junio luego de que la Instancia de Jefes de Bloque firmara el acuerdo final de enmiendas a la iniciativa 6593, tras varias semanas de análisis.
Según el presidente del Congreso, Luis Contreras, las modificaciones incluidas en el documento cuentan con respaldo técnico y son compatibles con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Contreras también señaló que el proceso de enmiendas quedó cerrado con la firma del acuerdo y que no prevé la presentación de nuevas enmiendas durante la discusión en el Pleno.
"Nosotros ahorita cerramos aquí en esta sala el lugar para nuevas enmiendas. En el pleno puede haber una moción privilegiada, pero mi sospecha es que no van a haber enmiendas", afirmó.
Por su parte el presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, el diputado Jorge Ayala, tres propuestas recibieron viabilidad técnica completa, otras dos obtuvieron respaldo parcial y tres no fueron recomendadas para modificación, siendo los artículos 8, 73 y 74.
Ayala indicó que las observaciones sobre los artículos 73 y 74 están relacionadas con la autonomía del delito de lavado de dinero y su tipificación penal. Según señaló, los técnicos consideraron que no es conveniente modificar la redacción original contenida en el dictamen.
Autonomía del delito
El artículo 73 establece que el delito de lavado de dinero es autónomo y no se requiere una condena o sentencia previa por el delito que originó los recursos ilícitos para iniciar un proceso penal.
Además, permite demostrar el conocimiento del origen ilegal de los fondos por medio de distintos medios de prueba.
Ayala explicó que una de las enmiendas planteaba incorporar una referencia que obligara a determinar previamente el delito de origen. Es decir, reforzar de forma explícita principios como la presunción de inocencia y el debido proceso.
Sin embargo, el análisis técnico concluyó que ese cambio podría afectar las reformas realizada en 2010, cuando se fortaleció el principio de autonomía del delito de lavado de dinero.
Ayala añadió que la nueva propuesta de ley ya incorpora mayores garantías para las personas investigadas, pues exige demostrar que el acusado conocía el origen ilícito de los recursos. En ese sentido, recalcó que corresponde al Ministerio Público (MP) probar dicho conocimiento durante el proceso penal.
"Se nos indicó que en buena parte del articulado de la ley ya hay un cambio en que la ley es mucho más garantista que el decreto 67-200 la persona comete el delito de lavado de dinero, quien sabiendo el origen ilícito de los fondos. Entonces, es el Ministerio Público es el que debe de probar que la persona sabe del conocimiento de que el origen es ilícito. Se cree que con la redacción de otros artículos obtiene las garantías que requiere" explicó.
Propuesta más garantista
El presidente del Congreso, Luis Contreras, aseguró que la iniciativa fortalece las garantías procesales en comparación con la legislación vigente.
También explicó, referente al artículo 73 que actualmente una alerta emitida por la IVE puede servir como base para que el MP inicie acciones inmediatas contra una persona. En cambio, con la nueva normativa, la fiscalía deberá desarrollar su propia investigación y reunir pruebas independientes para demostrar la existencia del delito.
"Con la nueva propuesta de la ley, la IVE produce una alerta, el Ministerio Público tiene que ir y por sus propios medios demostrar que esa persona está cometiendo lavado", indicó.
Contreras afirmó que la propuesta limita el uso de información de la IVE dentro de los procesos penales y fortalece el respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.
Incorporar requisitos
El artículo 74 regula las sanciones para quienes sean declarados responsables del delito de lavado de dinero u otros activos.
Contempla penas de prisión de seis a veinte años, multas equivalentes al beneficio económico obtenido, el pago de costas procesales y la publicación de la sentencia. En el caso de personas extranjeras, también prevé la expulsión del territorio nacional una vez cumplida la condena.
Las enmiendas buscaban incorporar requisitos relacionados con la determinación previa del delito. No obstante, varios jefes de bloque coincidieron en que el resto del articulado ya ofrece mayores niveles de certeza jurídica y protección de derechos fundamentales, según lo explicó el diputado Ayala
No obstante, el diputado Allan Rodríguez advirtió que los artículos 73 y 74 podrían contradecir principios constitucionales, al considerar que existe el riesgo de afectar la presunción de inocencia.
Según indicó, estas disposiciones podrían dar lugar a abusos o persecuciones políticas y solicitó garantizar un equilibrio entre el combate al crimen organizado y la protección de los derechos fundamentales. "En esta ley, con la autonomía del delito, todos los guatemaltecos son culpables hasta que comprueben lo contrario", indicó.
Pese a las diferencias entre diputados sobre estos artículos, los jefes de bloque firmaron el acuerdo de enmiendas sin incluirlos.
De acuerdo con el diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, las propuestas de modificación a los artículos 8, 73 y 74 quedaron fuera del consenso técnico al considerar que podrían afectar la evaluación internacional que Guatemala enfrentará ante el GAFI en 2027.
Reforma pendiente de aprobación
Según información detallada por el Organismo Legislativo, la iniciativa 6593 busca sustituir la actual Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, vigentes desde 2001 y 2005.
La iniciativa 6593 unifica ambas normativas en un solo marco legal y adapta la legislación guatemalteca a los estándares internacionales promovidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Además, incorpora mecanismos relacionados con la prevención del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Esta reforma también pretende:
- Simplificar los procedimientos de supervisión y reporte para los sujetos obligados.
- Fortalecer la identificación de beneficiarios finales.
- Mejorar los mecanismos de investigación y decomiso de bienes de origen ilícito.
Guatemala será evaluada a principios de 2027 por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), quien verificará el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de prevención y combate del lavado de dinero y otros delitos financieros.
Si el país no presenta una normativa contra el lavado de dinero actualizada podría catalogarse como no cooperante y ser agregado una lista gris que aplicaría mayores controles y tarifas financieras afectando directamente a los guatemalteco desde el sector financiero, empresarial, comercio informal y envío de remesas.
