Municipalidades y consejos de desarrollo concentraron la mayor cantidad de fiscalizaciones.
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Irregularidades millonarias, sanciones económicas y denuncias penales forman parte del informe que resume los principales hallazgos detectados durante la fiscalización del presupuesto estatal de 2025 que la Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó este martes 26 de mayo al Congreso
Según el informe, que resume los resultados de las auditorías practicadas en distintas entidades estatales durante el último ejercicio fiscal, la CGC realizó 583 auditorías financieras, de cumplimiento y desempeño en instituciones públicas, además de 752 exámenes especiales de auditoría por posibles irregularidades, denuncias y controles específicos.
De las auditorías financieras y de cumplimiento detalla 2,237 acciones legales que suman más de Q253 millones.
Entre estas se encuentran sanciones económicas, formulaciones de cargos y 27 denuncias penales trasladadas al Ministerio Público (MP).
Sin embargo, las cifras más altas aparecen en los exámenes especiales de auditoría donde la CGC reportó hallazgos valorados en más de Q8,752 millones, donde la mayoría corresponde a denuncias penales.
Rescisión de convenio
En el informe se menciona el fondo TOBANIK del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA). La CGC indicó que de Q500 millones trasladados al programa, únicamente Q149 millones habían sido desembolsados a cooperativas, mientras permanecían pendientes Q351 millones. La CGC recomendó revisar la continuidad del convenio.
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""TOBANIK" por Q.500,000,000.00, de los cuales fueron desembolsados Q.149,000,000.00 a 10 Cooperativas, quienes autorizaron 737 créditos por un monto total de Q.80,000,000.00, quedando pendiente de desembolsar Q.351,000,000.00 que corresponde al 70% del total del fondo. Derivado de la deficiencia determinada con base al enfoque detectivo, se recomendó a la autoridad que informe a la Contraloría General de Cuentas, la decisión para la continuidad o rescisión del convenio interinstitucional", se lee en el informe.
Comedores PNC
También se menciona al Ministerio de Gobernación (Mingob) y la contratación de alimentos para la Policía Nacional Civil (PNC).
La CGC indicó que los recursos destinados a alimentación beneficiaban principalmente a comisarías del departamento de Guatemala con infraestructura de comedor, dejando fuera a agentes del resto del país.
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El informe añade que se presentó una denuncia penal vinculada a contrataciones bajo la modalidad de baja cuantía.
"Además se presentó denuncia penal, relacionada a la contratación de alimentos para personas, por la modalidad de baja cuantía; por lo que se recomendó coordinar con las áreas técnicas y financieras la creación de un bono alimenticio en efectivo, garantizándose la cobertura total del beneficio a la fuerza policial a nivel nacional", detalló.
Recuperación de fondos
Además de los hallazgos, la CGC resaltó entre sus acciones monitoreo territorial, auditorías concurrentes y recuperación de fondos públicos provenientes de fideicomisos en proceso de liquidación.
Informó que logró recuperar Q2.8 millones provenientes de fondos que se encontraban en proceso de liquidación y extinción. Los recursos fueron reintegrados al Fondo Común del Estado tras recomendaciones emitidas por la Dirección de Auditoría a Fideicomisos.
Entre los fondos recuperados se encuentran recursos vinculados al Fideicomiso del Fondo Nacional para la Paz, programas de riego y drenaje, soluciones habitacionales y proyectos de forestación en el oriente y nororiente del país.
La CGC indicó que estos reintegros se realizaron en cumplimiento de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2025.
Mayor cantidad de auditorías
Asimismo, detalla que las municipalidades y consejos de desarrollo concentraron la mayor cantidad de auditorías financieras realizadas durante 2025.
Según la CGC, este sector acumuló 381 auditorías, equivalentes al 65% del total efectuado en instituciones públicas.
Además, derivado de las fiscalizaciones, se generaron 1,275 acciones legales que superan los Q40.8 millones, relacionadas con sanciones económicas y denuncias penales.
Además, en este sector se emitieron más de 1,700 acciones preventivas orientadas a corregir posibles deficiencias en el manejo de recursos y fortalecer los controles internos en gobiernos locales y proyectos de desarrollo comunitario.
La entrega del informe se realizó en cumplimiento del artículo 241 de la Constitución Política de la República (CPRG) que establece la obligación de rendir cuentas sobre la ejecución del gasto público.
Ahora el informe deberá ser evaluado por los diputados y la Comisión de Finanzas Públicas del Congreso.
