Por medio de ATAL, el sector privado advirtió que el dictamen favorable de una iniciativa sobre la red vial, podría generar traslapes de funciones.
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Los representantes de la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL), entidad formada por la Fundación 2020, Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras. (Cacif), se pronunciaron tras el dictamen favorable emitido a la iniciativa 6534, Ley de Protección de la Red Vial y la Infraestructura Crítica del Estado.
Según los expertos el dictamen plantea un esquema en el cual, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército asumiría funciones relacionadas con el mantenimiento y la protección de la red vial, lo cual, a su criterio, debe analizarse con mayor detenimiento para evitar posibles conflictos con las atribuciones de la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria (DIPP), creada mediante el Decreto 29-2024 y adscrita al Ministerio de Comunicaciones.
Además, recordó que la DIPP fue diseñada con autonomía técnica, financiera y administrativa para garantizar certeza en la planificación, operación y mantenimiento de rutas estratégicas, así como en proyectos de largo plazo financiados por disponibilidad de servicio.
La coexistencia de competencias similares entre distintas entidades, advirtió, podría generar traslapes normativos, duplicidad de funciones e incertidumbre para los inversionistas.
Ante este escenario, ATAL planteó que la iniciativa sea remitida nuevamente a la Comisión de Defensa Nacional, con el fin de armonizar su contenido con la normativa vigente y asegurar una coordinación clara entre instituciones.
