Tal como se preveía, las discusiones en torno a la aprobación de una ley antimaras fue el punto más discutido en la reunión semanal de los jefes de bloque del Congreso.
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La posibilidad de declarar terroristas a las maras y elevar las sanciones para delitos como la extorsión se incrementa en el Congreso, donde la Instancia de Jefes de Bloque acordó que la iniciativa 5692 avance en su segunda lectura, en la sesión plenaria de este martes 30 de septiembre.
Con ello, la propuesta quedaría a un debate de convertirse en ley, pero antes se aplicarían varias enmiendas.
Estas se empezarían a discutir en una "mesa técnica multipartidaria", que quedaría instalada este jueves 2 de octubre, mediante un acuerdo que sería emitido por el presidente de ese organismo, Nery Ramos.
Protección a las víctimas
Una de las enmiendas que se ha empezado a abordar para la iniciativa de ley que declararía terrorista a las maras se relaciona con el resguardo de las víctimas de extorsión.
Elmer Palencia, de Valor, hizo ver la trascendencia de establecer una figura legal para que no se castigue a quienes se ven obligados a pagar cuotas a las pandillas y no se les considere financistas de esos grupos criminales.
El legislador indicó que las personas que son extorsionadas hacen aportes monetarios que no son voluntarios, sino bajo amenazas, por lo que "deben considerarse esos casos". Esto se debe a que el financiamiento del terrorismo se considera un delito.
Sanciones a menores pandilleros
Por su parte, Inés Castillo, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), opinó que se deben incluir acciones contra menores que son usados por pandillas para la comisión de actos ilícitos, como el sicariato.
Actualmente, ellos están protegidos por la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Ley PINA), recordó el diputado, e hizo ver la necesidad de plantear cambios al respecto.
Sin reducción de penas
Otra propuesta para fortalecer la ley antimaras fue presentada por Byron Rodríguez, de TODOS, quien se refirió a las sanciones para quienes financien voluntariamente y se beneficien del dinero obtenido mediante delitos cometidos por pandillas.
En su opinión, las condenas por tales hechos deberían ser "ejemplares" e incrementarse para los líderes o cabecillas de esas estructuras. Además, se refirió a la trascendencia que las sentencias "no puedan disminuirse por ninguna causa".
MP también hace recomendaciones
Algunos de los temas descritos se abordaron inicialmente durante una reunión entre jefes de bloque y la fiscal general, Consuelo Porras.
La jefa del Ministerio Público (MP) elogió las intenciones del Congreso en aprobar una normativa contra los mareros y ofreció apoyo técnico, así como algunas recomendaciones para fortalecer la futura ley.
Una de las sugerencias presentadas a los diputados en esa junta fue incluir una reforma la Ley de Terminales Móviles, para que se puedan desactivar los teléfonos desde donde salgan llamadas extorsivas y aquellos aparatos que no aparezcan vinculados a un documento personal de identificación (DPI).
Actualmente, solo se pueden desactivar los chips, indicaron representantes del ente investigador.
