Con fondos procedentes de una nueva deuda, el Gobierno buscaría recuperar más de 600 kilómetros de carreteras en el altiplano, las Verapaces y el Corredor Seco.
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El Gobierno podría recibir un nuevo préstamo por 400 millones de dólares (Q3,072 millones), pues el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial autorizó una operación de ese tipo a favor de Guatemala.
Por medio de un comunicado, esa entidad informó sobre la aprobación de los fondos, que servirían para financiar la rehabilitación de 640 kilómetros de carreteras y caminos rurales.
El objetivo de la intervención sería "mejorar la infraestructura vial en el Altiplano guatemalteco, las Verapaces y el Corredor Seco", se lee en el documento.
De acuerdo con lo informado, el programa que se implementaría con este préstamo priorizaría a las poblaciones más pobres de áreas rurales. Además, contemplaría "el mantenimiento a largo plazo para garantizar la sostenibilidad de las vías rehabilitadas y construidas".
"Las carreteras que se construirán están diseñadas para soportar eventos climáticos extremos, cada vez más frecuentes y severos, lo cual es esencial para proteger a las comunidades vulnerables y garantizar la sostenibilidad de la red vial a largo plazo", afirmó Pierre Graftieaux, representante residente del Banco Mundial en Guatemala.
Apuesta estratégica
De acuerdo con Jonathan Menkos, ministro de Finanzas Públicas, "la inversión en infraestructura vial es una apuesta estratégica por el desarrollo de Guatemala", por lo cual considera favorable el crédito en mención.
"Este proyecto fortalecerá la conexión entre regiones, facilitará el acceso a servicios y oportunidades y contribuirá a dinamizar la economía local, particularmente en los territorios con mayores rezagos", dijo.
Además, hizo ver que el programa que se implementaría con los recursos que brindaría el Banco Mundial "responde a los lineamientos de la Política General de Gobierno 2024–2028".
Congreso decidiría
Aunque el préstamo ya está autorizado por el directorio de la entidad bancaria internacional, para que el Gobierno pueda acceder a él deberá obtener la aprobación del Congreso de la República.
Según el procedimiento, el Ejecutivo tendría que enviar una iniciativa de ley, la cual tendría que ser analizada y dictaminada por la Comisión de Finanzas y Moneda.
Si esa sala considerara viable adquirir la deuda, tendría que elevar su dictamen al pleno de diputados. Esa instancia tendría la decisión final sobre el aval definitivo.
